En lucha contra el pasado

El proceso contradictorio emprendido por la fuerza disipativa de la entropía y su contraria, la neguentropía, ha biselado un modelo evolutivo de la mente humana donde cualquiera puede divisar un estadio de preocupante inestabilidad psíquica.
Fundamentalmente, la clase política que se reclama progresista —dada la impotencia que manifiesta para cambiar la sociedad presente, y de ofrecer alternativas razonadas de futuro—, se decanta, cada vez con mayor fruición, hacia la incoación de procesos de revisión histórica. Por eso, asistimos, más o menos incrédulos, a los actos de condena de instituciones autoritarias y de dictadores resucitados de pasados remotos, así como al desagravio hacia sus víctimas.
Tan fuerte es el alud de esta energía involucionista, que la Iglesia Católica se ha contagiado de esta moda impugnadora del pasado, de forma que ha llegado a pedir perdón públicamente por la condena recaída —¡en el siglo XVII!— contra GALILEO GALILEI, así como por otros agravios históricos que han sido re-pasados.
Desde entonces hacia el hito (revisionista) histórica más próxima: el magnificente espectáculo audiovisual del traslado en helicóptero de las Fuerzas Armadas Españolas del cadáver de FRANCISCO FRANCO, desde el Valle de Los Caídos hasta el cementerio de Mingorrubio, en vivo y en directo. Lo cual demuestra que resulta mucho más cómodo y sencillo exhumar la momia de un dictador, que luchar —con el peligro de perder la libertad o la vida— contra su régimen opresor durante su dura vigencia. Al fin y al cabo, un acto de mera catarsis político-social para paliar la vergüenza colectiva de que El Generalísimo murió en la cama, de muerte natural, a resultas de que la fuerza de la represión fue más fuerte que la fuerza de la resistencia a ella.
[…]
Es decir, se está imponiendo la moda política de re-visitar los hechos y actuaciones humanas del pasado con ojos contemporáneos (hasta se han llegado a editar nuevas versiones de cuentos infantiles cuyo contenido no se considera apto para los nuevos cánones ideológicos), sin tener en cuenta los condicionantes históricos que modelaron la mente de nuestros antepasados, tal como nuestra época nos impele a ser como somos y a actuar de la manera en que lo hacemos: de una forma que las futuras generaciones no acabarán de entender (del todo).
Constituidos los humanos como objetos neguentrópicos, nuestra conciencia, a la vez que permite reconocernos como sujetos, está poco capacitada para apreciar el inexorable paso de la flecha del tiempo unidireccional. Porque, la flecha del tiempo nos señala que la vuelta a su punto de origen ya no es posible: la jarra que se rompe ya no puede volver a su estado original. No sirve de nada sublevarse por la decantación en el presente de todos los des-perfectos sociales del pasado. El pasado nos ha construido como personas y, a la vez, tan solo es un dato que nos tiene que servir para realizar las mejores prospecciones, a fin de encarar el siempre incierto futuro. El pasado, pasado está.
En sentido contrario, el ser humano eleva algunos hechos históricos a la categoría de hitos sentimentales colectivos, lo que genera una resistencia ideológica a interiorizarlos como meras improntas puntuales de la larga y compleja trayectoria de nuestra especie, a través de las eras-mundo que colonizaron los diferentes presentes —ya preteridos— de nuestra evolución.
Porque, con el anhelo humano de actualizar pasados —o preterir presentes— han ido configurándose las características propias de nuestros avances sociedades. No obstante, en vez de asumir como un todo indivisible los distintos estadios de la Historia, erigimos monumentos, rendimos homenajes a figuras representativas de un pasado reivindicado que, a la vez, pueden ser negación de otro pasado, no tan reivindicado: conquistadores militares que instauraron nuevos reinos y civilizaciones contra fuerzas hegemónicas antecedentes; artistas e intelectuales que sobresalieron para superar los paradigmas mentales dominantes en el pasado, tal vez todavía presente en sus vidas.
No obstante, como sucede en todos los ámbitos de la sociedad contemporánea que nos ha tocado vivir, en la mente del humano moderno se ha disparado la velocidad y, por eso, se ha multiplicado también la energía (e = m.c2, según EINSTEIN), del trabajo de revisión de los hitos y de las figuras históricas, a la luz de los valores de la sociedad actual. Y así es como la lucha de clases ha devenido lucha de frases, en busca del Paraíso… ¡ya perdido!
Entre los movimientos populistas, progresistas y de izquierdas de Cataluña, Valencia y Las Islas Baleares, ha arraigado el eslogan «Res a celebrar» (Nada que celebrar), referido a efemérides de victorias y conquistas, como por ejemplo el 12 de octubre (Día de la Hispanidad, por la llegada de Colón a América) y el 9 de octubre (Día de la Comunidad Valenciana, donde se celebra la entrada del rey Jaime I en València, hecho que se considera como la fecha de nacimiento del pueblo valenciano). Con la mentalidad de habitantes del siglo XXI, se condenan estos hechos históricos porque con ellos se ejerció la violencia contra la gente que habitaba esas tierras antes de llegar los conquistadores repartiendo varapalos a diestro y siniestro. Es decir, como la gran mayoría de las actuaciones de nuestra especie en el pasado. En cambio, sí que se da el visto bueno a celebrar con entusiasmo las derrotas de los bandos políticos con los cuales se sienten identificados: 11 de septiembre, 25 de abril… que tuvieron como consecuencia la pérdida de los fueros de los territorios de la Corona de Aragón.
Por mucho que nos pese, la energía vital de nuestra especie no solo ha sido determinada por los actos de bondad de nuestros congéneres, sino también por las actuaciones que hemos llegado a considerar como las más atroces, cometidas en nombre de las más peregrinas creencias, por los más sanguinarios individuos de entre los humanos. Los actos de heroísmo y compasión, el arte generado por los ideales religiosos —que tanto admiramos colectivamente, como los disfrutamos personalmente—, son inextricables del vandalismo y el dolor causados por las guerras de religión y de conquista, el etnocidio y la explotación de nuestros congéneres del pasado.
¡Actuamos tan inconscientemente a la hora de reivindicar a los buenos y de condenar a los malos!… No nos damos cuenta de que, tanto los unos como los otros, conforman el eco de la voz atronadora que clama en el desierto de las ideas, por la ambivalencia moral de nuestra condición de humanos.
Las celebraciones tradicionales —sobre hechos históricos siempre creados con claroscuros— nos tendrían que servir de apoyo para reafirmarnos como seres humanos arraigados en una tierra y una cultura propias, como atalaya desde la cual procurar extender la alegría y el bienestar entre los individuos de nuestra especie. Consiguientemente, tendremos que procurar ser mejores en el presente y garantizar un futuro más prometedor y solidario para nuestros descendentes, y ―eso sí― tendremos que sacar las consecuencias morales que se derivan de todos los hechos que construyen nuestra historia, pero evitando una re-visión histórica desde los conocimientos y los valores imperantes en nuestro tiempo presente.
Así, pues: ¿nada que celebrar?… Por favor, ¡que la fiesta continúe!…

(De mi libro Son de voces, eco de la entropía, págs. 169-172, Letrame Editorial, 2020).

Nostálgicos

Con motivo de los actos de la celebración exhumatoria, y posterior traslado para el entierro (¿definitivo?) del cadáver del dictador Francisco Franco, hemos asistido a otro espectáculo -éste, informativo- ofrecido en vivo y en directo por los canales de TV, la prensa y las redes sociales.

Así, la inmensa mayoría de los profesionales de los medios de comunicación daban testimonio de la exigua presencia, tanto en el Valle de los Caídos como en el cementerio de Mingorrubio, de un grupo de «nostálgicos» del régimen franquista, que exhibían banderas pre-constitucionales y lanzaban vítores a Franco. Es evidente que para la mayor parte de los periodistas -que siguen a pies juntillas el manual de estilo dictado por la conciencia de lo políticamente correcto– sólo existen nostálgicos del franquismo.

Paradójicamente, no merecen el calificativo de nostálgicos las personas y colectivos político-sociales que reivindican el regreso a España de la República, mediante la exhibición machacona de la bandera de la II República (instaurada el 14 de abril de 1931), la intención de recuperar los cadáveres de las víctimas de la guerra civil (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975), dispersos por las cunetas de las carreteras y las fosas comunes de los cementerios. A la vez, abogan por restituir la dignidad de estas víctimas inocentes, y propugnan el procesamiento de los responsables de los crímenes perpetrados durante el franquismo.

En definitiva, estos nostálgicos de la República pretenden borrar de su particular Memoria Histórica la etapa fundamental en la Historia de España, denominada Transición hacia la Democracia, a través de la cual se generó el consenso fraternal y generoso que posibilitó la construcción del Estado Social y Democrático de Derecho, plasmado en la Constitución de 1978. No para olvidar, pero sí para superar las rencillas ideológicas que parecían insuperables en una España dividida políticamente, durante el largo periodo histórico comprendido entre los años 1936 a 1975, por no remontarnos a tiempos más lejanos.

Está claro que ambos colectivos de nostálgicos no comparten las misma naturaleza política: mientras los primeros añoran los tiempos de una dictadura nefasta, los otros anhelan el retorno de un sistema democrático no monárquico, aunque, eso sí, debidamente mitificado y del que se pretende ocultar sus imperfecciones, fallos y la existencia de actos violentos ejercidos por republicanos contra sus adversarios ideológicos.

A pesar de todo ello, para la inmensa mayoría de los medios de comunicación, solo son susceptibles de ser etiquetados como nostálgicos las personas pertenecientes al exiguo reducto de franquistas.

Es el mismo fenómeno semántico que se produce con la identificación de VOX como «el partido de extrema derecha«. Con férrea disciplina lingüística e ideológica, los profesionales de la información se encargan de presentar siempre a VOX como «el partido de extrema derecha», a modo de etiqueta o subtítulo de la denominación oficial de esa formación política.

Mas, no se sabe por qué extraño fenómenos mediático, en España no existe ningún «partido de extrema izquierda». Por ejemplo, Unidas-Podemos no es un «partido de extrema izquierda», a pesar de que en sus filas se integra Izquierda Unida y la corriente «anticapitalista», y la formación dirigida con mano de hierro por Pablo Iglesias e Irene Montero ha manifestado su intención de «tomar el cielo por asalto» y desde allí cepillarse el «régimen del 78», concebido por ellos como mera continuación del «régimen franquista»,

Tampoco son partidos de «extrema izquierda» ERC y EH-Bildu, aunque el primero ha sido promotor del golpe contra el Estado Social y Democrático de Derecho, en su intento de lograr la independencia de Cataluña, y el último es depositario de la herencia del terror de ETA.

Las intenciones políticas que se esconden bajo estas etiquetas perennes de «nostálgicos» y «el partido de extrema derecha», forman parte de la estrategia del PSOE (iniciada e impulsada por Rodríguez Zapatero, con la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, y continuada por Pedro Sánchez, desde la Presidencia del Gobierno de España) para remover la conciencia de la gente, a fin de poner el foco del debate político en el campo de la dramática confrontación que tuvo lugar durante la Guerra Civil, y de las penurias sufridas por los republicanos durante la dictadura franquista.

Ya que no existen grandes diferencias entre las políticas públicas llevados a cabo tanto por el partido de la «derecha» (PP), como el de la «izquierda» (PSOE) -fundamentalmente porque ninguna de ellas pone en cuestión el sistema socioeconómico de libre mercado-, los asesores y líderes socialistas se dedican en cuerpo y alma a sacudir el Árbol del Rencor Ancestral, en el intento de provocar una división ideológica (virtual, pero lo más profunda posible), la cual hunde sus raíces en los dolorosos acontecimientos acaecidos hace más de 80 años.

Esta es la inteligente forma que tiene el PSOE de intentar polarizar los posicionamientos ideológicos: potenciar a VOX, como partido radical de derechas, para que le reste votos al PP, remover los sentimientos pro republicanos y así posicionarse en el centro político, que es donde se encuentra el mayor caladero de votos. Esta es la garantía de una entrada plácida en el Jardín del Poder.

Evidentemente, toda esta perversión del lenguaje y de la política no podría realizarse sin la imprescindible y decisiva colaboración de los medios de comunicación social. Lejos quedan los tiempos en los que la prensa jugó un papel fundamental en la recuperación de la democracia en España. El sector de la información ha llevado a cabo su particular Transición -ya dentro del sistema democrático- hacia el imperio de la posverdad, la simulación, la parcialidad, el engaño y la mentira, cuando todo ello sea necesario para la consecución de sus intereses económicos e ideológicos.

Sin embargo, a pesar de la gravedad de este fenómeno social, nadie parece luchar contra esta otra corrupción que persigue, y provoca, la distorsión de la realidad, con el fin de manipular las conciencias de los ciudadanos en la ruta compartida hacia la consecución del poder político y de la ampliación de las audiencias mediáticas. Todo ello reconvertible en pingües beneficios económicos.

(Imágenes de TVE).

Tsunami contra la Democracia

Se me cae el alma a los pies cuando contemplo en los medios de comunicación, y en las redes sociales, las opiniones de apoyo, simpatía, o condescendencia, emitidas por personas ajenas en principio al movimiento independentista catalán, hacia la revuelta contra el orden constitucional llevada a cabo (de forma violenta) por los Comités de Defensa de la República (CDR) y otras organizaciones antisistema.

Mi estado de ánimo, entre triste, decepcionado, e indignado, se genera cuando pienso en los olvidos (conscientes o inconscientes) en los que incurren esas personas que, en general, apoyan o justifican el golpe político del soberanismo catalán contra la democracia española.

Aquí se exponen algunos lapsus políticos e ideológicos de esa Desmemòria Histórica:

1. España es una de las democracias más avanzadas del mundo, y su sistema constitucional resulta homologable al de los principales Estados democráticos de Occidente. Por lo tanto, una de sus características es el principio de división de poderes estatales. El derecho a decidir o a la autodeterminación no está contemplado en ninguna Constitución de nuestro ámbito cultural y político.
2. En la elaboración del texto constitucional tuvieron un papel decisivo dos catalanes: Jordi Solé Tura y Miquel Roca Junyent. El primero, comunista. El segundo, representante del movimiento nacionalista catalán.
3.  La Constitución española recibió el apoyo electoral del 91% de los votantes catalanes.
4. La ola independentista inicia en el año 2012, aprovechando el momento de mayor debilidad del Estado como consecuencia de la grave crisis económica mundial, y cuando sale a la luz la trama delectiva establecida por el régimen corrupto del 3%, instaurado por Jordi Pujol, el cual, goza de una paz y tranquilidad familiar envidiada por cualquier otro político presuntamente corrupto, siempre en marcha hacia las sedes judiciales para declarar como investigado o procesado, o residiendo en prisiones, ya sean provisionales o definitivas. Todo ello bien documentado, grabado y difundido por los medios de comunicación y las redes sociales. ¿Y Pujol?: «Tranquil, Jordi, tranquil«…
5. El movimiento soberanista catalán, como he dicho antes, artífice destacado en la construcción del Estado Social y Democrático de Derecho que es España, se plantea la posibilidad de conseguir la independencia de ese Estado o, como mínimo (como dice la reciente Sentencia del Tribunal Supremo contra el proceso), recoger por ese camino, sembrado de chantajes y violencia, más competencias, recursos e inversiones para Cataluña.
6. Sin embargo, la voluntad de conquistar la independencia no se lleva a cabo respetando el marco constitucional, al contrario, se intenta hacer a través de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). De este modo se infringen las normas constitucionales y estatutarias, no se hace caso de los informes de los Letrados del Parlamento sobre la inconstitucionalidad de las resoluciones a tomar por el mismo, ni de los reiterados actos de anulación y requerimientos del Tribunal Constitucional para restablecer el orden democrático. Impasible el ademán, las principales autoridades de Cataluña y sus partidos (JuntsxCat, ERC, la CUP), con la imprescindible colaboración de ANC y Omnium, salen adelante y montan un simulacro de referéndum de autodeterminación claramente anticonstitucional, además de esperpéntico.
7. Como consecuencia de los actos realizados por los principales líderes del movimiento independentista, estos son encarcelados y, al final, resultan condenados por el Tribunal Supremo -la mayoría de ellos- por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos. Para avivar el fuego del victimismo -que tan bien saben encender y que tan buenos resultados les ha dado- el soberanismo catalán ha intentado vender la idea de que los condenados lo han sido por sus ideas políticas (por eso, los llaman «presos polítics» de un Estado autoritario). Queda claro que esto es una falacia más del cuento soberanista, cuando personas igual o más independentistas que los condenados, como los rufianes, torras, torrens, tardàs, & Cia., gozan de una libertad política plena, como cualquier otro político o ciudadano español.
8. Surgido de una trama preparada y organizada meticulosamente mucho antes de la Sentencia del Tribunal Supremo, un Tsunami insurgente ha movilizado a miles de independentistas para cortar carreteras y vías del tren, bloquear el aeropuerto de El Prat, e incendiar las calles de las principales ciudades de Cataluña , sobre todo Barcelona. Contrariamente a su nombre, este es un verdadero Tsunami Antidemocrático, que lanza un reto violento al Estado Social y Democrático de Derecho, por lo que debería recibir la respuesta adecuada de ese Estado, además de ser condenado, sin paliativos, por las personas que se consideran demócratas.

Sin embargo, el motivo que me causa más decepción en este tema es el apoyo incondicional que el nacionalismo valenciano brinda a las actuaciones violentas que tienen lugar en Cataluña, llevadas a cabo por el independentismo catalán. Aparte de los principios básicos de democracia, antes mencionados, el nacionalismo valenciano olvida que cualquier logro del independentismo catalán en cuanto a financiación e inversiones redundará en detrimento del bienestar de los valencianos y las coordenadas de progreso de nuestro pueblo.

Mas, teniendo en cuenta que está inscrito en los genes corporativos de ese nacionalismo el ADN ideológico de Joan Fuster, según el cual: «Dir-nos ‘valencians’ és la nostra manera… de dir-nos ‘catalans‘», salta a la vista la lógica subyacente a esa simpatía hacia el procés y sus altercados.

Lamentable.

 

 

A vueltas con Camps, la Fórmula 1 y el Papamóvil

Entre la maraña informativa formada con las hazañas (pre)bélicas virtuales, los relatos y los cuentos difundidos por los impulsores del procés catalán (hacia la fuga de Cataluña o la cárcel española), vuelve a emerger la imagen del expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, en cuanto tótem de la (presunta) corrupción del PP valenciano.

A ello, hay que añadir la reciente aparición del libro del periodista Arcadi Espada, titulado Un buen tío, donde trata la persecución mediática de la que ha sido objeto Camps, en la que sobresalen las 169 portadas que El País dedicó a quien resultó declarado no culpable en el famoso juicio de los trajes.

Esta nueva entrega del proceso mediático a Camps, comienza con la celebración del juicio en la Audiencia Nacional por la denominada «trama valenciana de la Gürtel«. De una manera irreflexiva, los adversarios políticos del PP y la gran mayoría de los medios de comunicación dan pábulo a las declaraciones de Álvaro Pérez (El Bigotes), Pedro Crespo –por cierto, exsecretario de organización del PP gallego– y, especialmente, a la cantada de Ricardo Costa, exsecretario general del PPCV que derivaba toda la responsabilidad de la presunta financiación ilegal del partido hacia la máxima autoridad del PPCV y de la Comunidad Valenciana.

Esto ha supuesto un motivo de algarabía para la mayoría de los agentes de la política y de los mass media españoles:

• Los partidos de la oposición (PSOE, Ciudadanos, Podemos y su confluencia valenciana, Compromís), que aprovechan la oportunidad para intentar debilitar al gobierno del PP. Sorprende la infalibilidad que se concede a las declaraciones de personas imputadas por delitos de corrupción, los cuales -como estrategias de defensa- pretenden la absolución o, como mínimo, ver reducidas sus penas tirando de la manta y responsabilizando de las acciones delictivas a sus superiores.
• Los medios de comunicación nacionales y los locales contrarios al PP, que se unen a la campaña orquestada por la oposición al gobierno de Mariano Rajoy.
• Los medios de comunicación de Madrid favorables al PP, que encuentran la ocasión propicia para resaltar la corrupción del PP valenciano y, de esta manera, restar importancia a la corrupción en el PP madrileño. (Ya dijo el escritor valenciano Rafael Chirbes que «el mito de la corrupción de la Comunidad Valenciana ha crecido porque no tenían el mismo poder que otras para frenar las informaciones, pero la Gürtel viene de Madrid«).

En la elaboración de este mito antivalenciano ha contribuido de manera especial La Sexta, sobretodo en el programa La Sexta Noche. Nada más salir la noticia del juicio en la Audiencia Nacional, entrevistaban a la lideresa de Compromís Mónica Oltra para que exhibiera toda la demagogia de la que es capaz de desarrollar sobre su tema favorito.

Ahora, La Sexta Noche y demás medios dan sobrada cuenta sobre la investigación de la que es objeto Camps, por los sobrecostes que se produjeron con motivo de la instalación del circuito urbano de la Fórmula 1 en la ciudad de Valencia, y también en los actos que se celebraron por la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia.

Ya es viral la imagen de Francisco Camps y Rita Barberá, subidos a un Ferrari junto con los pilotos de Fórmula 1 Fernando Alonso y Felipe Massa, así como con el expresidente de Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo . Con ella se ha querido imputar a los dirigentes valencianos su carácter derrochador corrupto. (Cualquier persona puede darse unas vueltas en Ferrari por el Circuito Ricardo Tormo por menos de 50 euros. Los hinchas aplauden con fervor a sus ídolos mientras estos conducen sus flamantes Ferraris de su propiedad).

El otro día el periodista Francisco P. Puche, pedía la publicación de un estudio del por qué la Comunidad Valenciana tiene adjudicada esa imagen de sociedad corrupta, sobresaliendo por encina de la Andalucía de los ERE, la Cataluña del clan Pujol y del caso Palau, el Madrid de la Gürtel, la Púnica y el caso Lezo, y -añado yo- la Galicia de Fariñas.

En mis blogs he reflexionado sobre esta cuestión, y en ellos me he atrevido a adelantar algunas hipótesis:

1. Existe una pésima percepción, en cuanto a estima y simpatía, del pueblo valenciano por parte de los ciudadanos de las restantes Comunidades Autónomas. Basta con echar un vistazo a las estadísticas que se reproducen en el libro de Josep Vicent Boira Valencia, La tormenta perfecta. Este fenómeno puede explicar la facilidad con la que periodistas y comunicadores de fuera de Valencia, asignan el carácter de corrupto a todo el pueblo valenciano, aprovechando los casos de la presunta corrupción del PPCV.
2. El propio Estado Autonómico genera una dura competencia entre las Comunidades Autónomas a la hora de recabar recursos con los que lograr su progreso económico-social. Así, por ejemplo, puede entenderse que el pretendido derroche con el que se concebía la instalación de Ferrari Land en Valencia, haya posibilitado su desembarco en PortAventura, y que la desaparicion de la F1 en Valencia suponga que las únicas carreras de la F1 se celebren en el circuito de Montmeló.

Y, por encima de cualquier otra consideración, este estado perceptivo nada favorable a la imagen del pueblo valenciano, favorece una posición sumisa en cuanto a su infrafinanciación. Así, la Comunidad Valenciana resulta contribuyente en el sistema actual, cuando es el único territorio pagano de los pobres, es decir, de los que tienen una renta per cápita inferior a la media española.

¿Voy por mal camino, Sr. Puche?

 

Cataluña: El nacimiento de una religión

Como un hecho histórico incontrovertible. Como una cifra fija y periódica. Como una realidad socio-política que se impone a las ideas y a los sentimientos… Desde el año 2012, ya sea en elecciones legales o en pseudoreferéndums convocados fuera de la legalidad constitucional, existen unos 2 millones de catalanes que se manifiestan claramente a favor de la independencia de Cataluña.

Todo ello, a pesar de la presencia de unos cuantos hechos negativos para la imagen del movimiento independentista catalán:

• La corrupción sistémica del 3% establecida por el guía espiritual de la comunidad Jordi Pujol.
• La violación numerosa y premeditada del ordenamiento constitucional y estatutario llevada a cabo por la clase política secesionista.
• La fuga de empresas y la incipiente recesión económica.
• La presencia de líderes independentistas en prisiones españolas, o fugados a Bruselas por la comisión de presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, o en libertad provisional tras haber abjurado de sus ideas para eludir la fría cárcel.

Para tratar de comprender este fenómeno de masas se han adoptado diferentes puntos de vista:

• El emotivo e identitario, el fuerte sentimiento de pertenencia a una comunidad histórica.
• El económico y financiero: «España nos roba».
• El psicosociológico: Cataluña es una sociedad enferma, que sufre una enajenación extendida por buena parte del tejido social.

Adolf Tobeña, en su libro La pasión secesionista, intenta explicar la deriva independentista de la mitad de la sociedad catalana como un proceso psicológico semejante a la pasión amorosa: los 2 millones de catalanes proclives a las ideas separatistas no sufren de enajenación mental o, en cualquier caso, esta enajenación es transitoria, como la que se padece en los estados de enamoramiento. Una «pasión romántica» en cuanto «devoción comunitaria» que se manifiesta en las «magnas romerías procesionales del independentismo catalán», y que halla su explicación científica en los estudios de psicología social y economía en el concepto de «parroquialismo» (preferencia a cooperar en entornos sociales más cercanos, así como en crear lindes o demarcaciones grupales).

Por ello, más que por el sentimiento amoroso, algunos intelectuales empiezan a considerar que el sentimiento que incita a la acción a los líderes y a las masas protagonistas del poderoso movimiento secesionista catalán, no es otro que el sentimiento religioso.

Tras la muerte del Dios de toda la vida anunciada por Nietzsche, la fe se ha roto en mil pedazos y ahora se fija en las diversas sectas religiosas escampadas por todo el mundo, en la adoración al cuerpo y a los atributos externos del poder (dinero, propiedades…), y en el afán consumista que invade las mentes de los peones del sistema capitalista. Del monoteísmo hegemónico se ha pasado a una especie de paganismo laico donde caben dioses como Maradona.

En este entorno devocional puede explicarse que el líder supremo del secesionismo catalán, Carles Puigmenont, refugiado cual Papa Luna en su santuario belga, y que está siendo investigado por presuntos delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos, etc., obtuviera unos buenos resultados electorales, tan buenos que le permitieron renovar su mandato al frente de la Generalitat Catalana.

Esos resultados, favorables a las formaciones independentistas (aunque el ganador de aquellas elecciones fue el españolista Ciudadanos, y en las últimas el PSC), solo pueden entenderse como producto del sentimiento de devoción de la feligresía indepe hacia la idea de una Cataluña mítica (sublime) y de los líderes que alimentan esa mitología. En definitiva, una nueva Iglesia con todas las de la ley (catalanista), donde el color que la identifica no puede ser otro que el amarillo del Estado Vaticano.

Esta idea no debería ser considerada estrambótica si tenemos en cuenta que el obispo Torras i Bages fue el fundador del catalanismo tradicionalista y católico, además del papel protagonista de la Iglesia catalana en el desarrollo del ideario nacionalista.

En la Esglèsia Secesionista de l’Onze de Setembre (o de l’Un d’Octubre), caben personas de derechas e izquierdas, conservadoras, progresistas y revolucionarias, hombres y mujeres, hetero, homo o bisexuales, creyentes y no creyentes … Tiene su cielo (la República Catalana Independiente) y su infierno (el Estado Español como rémora para el progreso de Cataluña).

Porque el buen indepe considera que todo lo que viene de España es perverso. La verdadera religión es la suya y, por ello, no cabe obedecer los preceptos que se derivan de la Constitución española, pues Cataluña es el pueblo elegido que ha de enseñar a Europa el camino de la libertad, de la democracia y de la prosperidad económica y cultural.

Tampoco podemos dejar de lado que los cimientos de la Diócesis Valentina de la Iglesia Catalana fueron puestos, allá por los años 60 del siglo pasado, por el Reverendo Fuster. Sus Mandamientos se encierran en dos:

1. «El País Valencià serà d’esquerres o no serà«.
2. «Dir-nos ‘valencians’ és la nostra manera de dir-nos ‘catalans‘» (quieras o no quieras).

De todo lo expuesto, se deriva que el Estado debería tratar el denominado «problema catalán» desde dos puntos de vista:

• El devocional. Tiene su acomodo en tres artículos básicos de la Constitución Española:

Artículo 16

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

Artículo 9

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Artículo 22

1. Se reconoce el derecho de asociación.

2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.

• El político. Se pactará con el poder constituido en Cataluña, a la hora de tratar los aspectos socioeconómicos, como se haría con cualquier otra Comunidad Autónoma (modelo de financiación, reformas legales…).

(Fotografía: EFE)

Un ‘procés’ de hispanofobia aguda

Como todo nacionalismo, el nacionalismo catalán se fundamenta en dos pilares ideológicos y sentimentales:

• El orgullo de pertenencia a una comunidad histórica, cultural y lingüística.
• La defensa ante las agresiones de un enemigo externo, en este caso, España.

Desde los tiempos de su fundador, Valentí Almirall, el nacionalismo catalán ha fomentado la idea de que una Cataluña avanzada económica y culturalmente debía actuar como locomotora de una España atrasada en esos mismos ámbitos.

Esta percepción coincidía con la realidad durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, pero, tras el periodo de la Transición, que culmina con la aprobación de la Constitución española y el establecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho y de las Autonomías, Cataluña ha avanzado en el terreno del autogobierno y en el desarrollo de su cultura, sus costumbres, así como en el fomento de la lengua catalana. Además, la colaboración del nacionalismo moderado de Convergència i Unió, capitaneado por Jordi Pujol, con los sucesivos gobiernos de España, ya fueran socialistas o populares, supuso mejoras palpables en los recursos de Cataluña, al tiempo que facilitaba el progreso de los restantes pueblos que componen España.

Por lo tanto, la concepción de una España de dos velocidades (Cataluña, avanzada; España, atrasada) empieza a difuminarse mediante la nivelación de los estándares de bienestar en todas las Comunidades Autónomas que integran el Estado español.

Sin embargo, la llegada de la crisis económica de 2008 produce una fuerte recesión en toda España, que también se hace sentir en Cataluña. Y ante el deterioro del nivel de vida del pueblo catalán, el nacionalismo en el poder -ahora liderado por Artur Mas– recupera la idea de que Cataluña, como pueblo, ha de sufrir la rémora de una España perezosa y atrasada que vive a expensas del esfuerzo de los catalanes («España nos roba«).

Con estos mimbres se configura un cuadro de hispanofobia aguda, que presenta los síntomas siguientes:

• Etiquetación del sistema constitucional español como continuación del régimen franquista.
• Identificación del Estado con el partido en el Gobierno (PP), ambos presididos por un Don Tancredo que fuma puros y solo lee el Marca.
• En consecuencia, supremacismo de una Cataluña que se considera poseedora de un derecho «a decidir» sobre su permanencia en una España opresora.

Contribuye con fervor al desarrollo de ese proceso el populismo de Podemos y sus confluencias, cuyo objetivo principal es el derrumbe del denominado «Régimen del 78».

A pesar de que el sistema de financiación autonómica vigente -aprobado por el gobierno de Rodríguez Zapatero– beneficiaba en principio a Andalucía y Cataluña, Artur Mas pretendió evitar al máximo posible los efectos nocivos de la crisis económica en Cataluña, por lo que exigió al Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, el establecimiento de un pacto fiscal exclusivo para Cataluña similar al que disfrutan Euskadi y Navarra, bendecidos por la Constitución Española. Ante la negativa de Rajoy a dar el visto bueno a ese marco bilateral con Cataluña, que hubiese hundido aún más la maltrecha economía del Estado y de las restantes Comunidades Autónomas, el nacionalismo catalán activó el denominado «procés de desconnexió amb Espanya«, a partir de la masiva manifestación reivindicativa de la Diada del 11-S de 2012.

Dada la fuerza del movimiento nacionalista demostrada en las calles de Barcelona, el nacionalismo devino independentismo, y más cuando las manifestaciones recibían un mayor apoyo social, año tras año. La celebración del referéndum ilegal del 9-N de 2014 y, sobretodo, de las elecciones autonómicas del 27-S de 2015, supusieron los hitos fundamentales para el establecimiento de la hoja de ruta del procés.

Todo se acelera con los lamentables y vergonzosos Episodios Nacionales en el Parlament durante los días 6 y 7 de setiembre de 2017, la aprobación de las leyes del Referéndum y de Transitoriedad -mediante un procedimiento propio de una República Virtual y Bananera-, la (no) celebración del referéndum-pucherazo del 1-O (con el reparto de mamporros difundido por todo el orbe), para finalizar con la (no-se-sabe-si) declaración unilateral de independencia y proclamación de la República Catalana que -ahora sabemos, en boca de Carme Forcadell, Presidenta del Parlament– fue meramente simbólica.

La inesperada reacción enérgica del Gobierno de Don Tancredo con la aplicación del art. 155 de la Constitución y el cese de todo el Govern, a lo que hay que añadir la puesta en marcha de los órganos judiciales para enjuiciar a ese Govern y a la Mesa del Parlament por la presunta comisión de delitos muy graves, ha roto en mil pedazos la ilusión supremacista que alejaba de la realidad al movimiento independentista. Así, la fuerza irresistible del «Estado invasor» ha provocado que la hispanofobia aguda curse en catalanitis autoinmune*, la cual presenta el cuadro clínico siguiente:

1. División de la sociedad catalana.
2. Derrumbe del catalanismo (antes) moderado de CiU.
3. Fuga de empresas y ralentización de las inversiones extranjeras.
4. Amenaza de paro y recesión económica.
5. Intervención de la organización autonómica a través de la aplicación del art. 155 CE.

La prescripción facultativa ha sido dada por el Gobierno de España -con el beneplácito del Senado-, mediante la aplicación del art. 155 CE y la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21-D. Mientras, la Justicia española enviaba a la cárcel (provisionalmente) al exvicepresident Oriol Junqueras y siete exconsellers, dejaba en libertad provisional con fianza a los miembros de la Mesa del Parlament, y emitía orden de detención para el expresident Carles Puigdemont y otros cuatro exconsellers, de turismo judicial por tierras de flamencos y valones.

Las declaraciones de la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ante el juez instructor del Tribunal Supremo sobre el acatamiento a la aplicación del art. 155 y la afirmación de que la declaración de independencia era simbólica, dejan al descubierto los efectos nefastos (palpables) de la grave patología que padece la sociedad catalana del siglo XXI.

Los resultados del 21-D serán un test definitivo sobre el grado de recuperación del equilibrio social en Cataluña.

 

* Se habla de enfermedad autoinmune cuando el sistema inmunitario -encargado de combatir a los patógenos extraños al organismo- ataca a determinado/s órgano/s del mismo, provocando inflamación.

 

(Montaje fotográfico: Daniel Tercero)

La imagen (ilusoria) de la República Catalana independiente

Aparte de la visión desde el ángulo estrictamente político, el procés catalán hacia la independencia cabe analizarlo dentro de las coordenadas marcadas por la sociedad de la información y del espectáculo.

Para conseguir el objetivo de la ruptura con España, el nacionalismo catalán ha establecido durante más de 30 años una hoja de ruta que se fundamentaba en las siguientes políticas públicas.

• Establecimiento de unas estructuras institucionales quasi estatales.
• Extensión de una política internacional con apertura de seudoembajadas y labor de seducción con los medios de comunicación de prestigio.
• Adoctrinamiento en los centros educativos para profundizar en el sentimiento de orgullo de pertenencia a una nación diferenciada, fomento de la lengua propia, y sembrar la semilla del odio hacia España como Estado opresor.

 

Con este caldo de cultivo propicio al victimismo, la llegada de la crisis económica -que afectó a todas las Comunidades Autónomas y al conjunto del Estado- facilitó que el procés de desconexión de Cataluña con España adquiriera la velocidad de crucero, ya dentro de las mencionadas coordenadas de la sociedad de la información y del espectáculo:

• Populosas manifestaciones en las que se reivindica la independencia cada 11 de setiembre.
• Manifestación de una voluntad de negociación con el Gobierno de España, pero sobre materias en las que este no tiene potestad para hacerlo, como el establecimiento de un concierto económico, primero, y las condiciones para la celebración de un referéndum de autodeterminación, al final.
• Todo ello, plagado de actos y, en mayor medida, de gestos de cara a la opinión pública catalana, española e internacional, que han hegemonizado la vida política española con ese fenómeno comunicacional que Carlos Herrera etiquetó como Pasión de Catalanes. Es decir, cada día los españolitos de a pie teníamos nuestra buena ración informativa de los dimes y diretes que tenían lugar en Cataluña y que se proyectaban a toda España.

Según los papeles incautados en el despacho del número dos de Oriol Junqueras, ahora hemos sabido que la hoja de ruta independentista debería finalizar con un potente movimiento ciudadano en las calles y con las imágenes de unas fuerzas de seguridad del Estado reprimiendo duramente a los integrantes del movimiento. Para ello, necesitaban perpetrar el ataque a la Constitución Española, el Estatut, el Reglamento del Parlament, así como la desobediencia a las sentencias de los Tribunales de Justicia y hacer oídos sordos a los dictámenes del Consell Jurídic Consultiu y el Letrado Mayor del Parlament, para acabar con el ninguneo de los grupos parlamentarios de la oposición.

De esta manera, en solo dos días (6 y 7 de setiembre) fueron aprobadas la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad (las dos suspendidas inmediatamente por el Tribunal Constitucional, y la primera ya declarada inconstitucional), que permitirían la celebración del referéndum el 1-O… y la obtención de las fotos y vídeos favorables a sus intereses políticos.

Por eso, para el Govern y el movimiento independentista la inobservancia del marco legal no tenía la menor importancia. También carecía de interés que no existiera la Sindicatura Electoral, ni censo electoral oficial, ni elección de miembros de las Mesas Electorales, ni Interventores de las diferentes fuerzas políticas… Lo que buscaba el independentismo catalán eran unas cuantas imágenes que dieran la vuelta al mundo y predispusieran a la opinión pública interna y externa a favor de una comunidad política que ejerce su «derecho a decidir», pero que es reprimida por un Estado totalitario que no reconoce ese «derecho fundamental», que se han sacado de la manga.

Así, hemos visto, repetidas mil veces, estas imágenes:

1.  Miles de personas votando (sin control, podían votar las veces que quisieran, como alguien ha demostrado).
2. Mucha gente protegiendo (ocupando ilegalmente) las instalaciones de los colegios destinados a la votación.
3. Policías desalojando a esa gente (obedecían las órdenes de los órganos de Justicia, no del Gobierno, como se pretendió afirmar).
4. Policía repartiendo mandobles a personas pacíficamente concentradas (tenían que abrirse paso en su retirada del lugar donde prestaban su servicio de vigilancia y control).
5. Gente herida por las acciones policiales (según la Generalitat, hubo más de 800 heridos -contaban los afectados por estados de ansiedad-, pero en realidad solo resultó gravemente herida una persona, y se echó mucho cuento por parte de algunas personas presuntamente heridas).

Todo debería haber finalizado con la declaración unilateral de independencia en el Parlament, pero el inicio de la fuga de empresas tan emblemáticas como Caixabank, Banco de Sabadell, Oryzon, etc., llevó al soberanismo a escenificar la patraña parlamentaria. del 10-O, en la que Carles Puigdemont se presenta ante la/s Cámara/s, parece que dice que declara la independencia de Cataluña, pero acto seguido pide al Parlament que suspenda esa presunta declaración a los efectos de iniciar un diálogo de tú a tú con el Gobierno de España. Mas, finalizada la sesión, el Parlament no llegó a pronunciarse sobre la suspensión de esa pretendida independencia implícita…

Ante la falta de claridad de aquello que el diputado Joan Tardà definió en el Congreso de los Diputados como «ocurrió lo que ocurrió», el independentismo fijó la imagen icónica de la firma de un documento extraoficial por los parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP, donde se contemplaba algo que pretendía ser una declaración de independencia, al tiempo que se proponía la negociación con el Estado español ante intermediarios internacionales.

En todo este procés antidemocrático e insolidario -en cuanto atenta contra el Estado Social y Democrático de Derecho y el propio Estatut– no se respeta el marco constitucional ni los procedimientos propios de cualquier sistema democrático que se precie. Se busca desesperadamente la foto, el vídeo con el que alimentar el deseo audiovisual de los medios de comunicación. Así se transmitirá a la opinión pública mundial que el movimiento independentista es una víctima de España y, que a pesar de todo, es capaz de ofrecer su mano inocente para negociar, eso sí, desde la posición de un flamante Estado (virtual) que establece relaciones con el Estado (real) que es la España constitucional.

Y, en este terreno de la comunicación, el soberanismo juega con ventaja, pues ya sabemos que una imagen vale más que mil palabras (y mil leyes) y los corresponsales extranjeros no entienden demasiado de leyes y procedimientos, de manera que las imágenes impactantes (si son de violencia, mejor) protagonizan la redacción de sus crónicas, orientadas generalmente por el buenismo sentimental en el terreno de lo social y lo político.

Como ya hemos indicado, en la sociedad de la información y del espectáculo la lucha política se juega en el campo de la imagen, de los gestos, y de los golpes de efecto. Por lo tanto, las fuerzas que defienden el sistema democrático también tendrán que jugar esa partida para ganarla. Será la única forma en la que la corriente de democracia pueda discurrir con la mayor fluidez posible por los cauces normativos e institucionales que hemos decidido entre todos, voto a voto, urna a urna.

 

(Foto: El País)

El Estado es el PP

Los momentos culminantes del procés hacia la independencia de Cataluña dejan al descubierto el movimiento convergente de las diferentes hojas de ruta políticas, tendentes a estigmatizar al PP como el partido de la derecha recalcitrante heredera del franquismo y, como consecuencia de ello, a marginarlo del escenario político.

El pistoletazo de salida tuvo lugar con el denominado Pacte del Tinell, suscrito en el mes de diciembre de 2003 por el PSC, ERC y ICV-EUiA, que dio origen al Govern del tripartito. Su objetivo era conquistar el poder en Cataluña, pero la consecuencia más duradera fue el establecimiento de un cordón sanitario alrededor del PP, de manera que se prohibían los pactos y acuerdos con dicho partido, por lo que el mismo solo podría gobernar si conseguía la mayoría absoluta en las correspondientes elecciones. En otro caso, se daba luz verde a los gobiernos tri, tetra, o pentapartitos enfrentados al PP, en España, Comunidades Autónomas, o Ayuntamientos.

La demonización del PP experimentó su momento álgido en el año 2006, con motivo de la elaboración del nuevo Estatuto de Autonomía para Cataluña, impulsada por el líder de los socialistas catalanes Pasqual Maragall, con la aquiescencia de CiU (ERC no estaba de acuerdo y finalmente optó por pedir el voto nulo) y la bendición del por entonces Presidente del Gobierno Español José Luis Rodríguez Zapatero, el cual pronunció la célebre frase: «Aceptaré todo lo que venga del Parlament«. El PP fue marginado de todo el procedimiento para la confección del texto estatutario y, una vez aprobado el Estatut mediante referéndum celebrado en Cataluña, optó por presentar recurso de inconstitucionalidad contra buena parte del articulado estatutario.

Dado que la presentación de este recurso ha sido utilizado por las fuerzas independentistas y sus aliados populistas para echar la culpa al PP del clima de resentimiento antiespañol en auge dentro de amplias capas de la población catalana, conviene dejar constancia de algunos hechos que, a menudo, no son tenidos en cuenta:

El recurso de inconstitucionalidad fue presentado, además de por el PP, por las siguientes instituciones: El Defensor del Pueblo (el líder socialista Enrique Múgica), y cinco Gobiernos Autonómicos, entre ellos, el ejecutivo socialista de Aragón.

Se achaca al PP, y se pretende deslegitimar al Tribunal Constitucional, por presentar el recurso y dictar sentencia, respectivamente, en contra de la voluntad manifestada por el pueblo catalán en la consulta que aprobó el Estatut.

En primer lugar, hay que destacar que el Estatut fue votado por el 49,4% del censo catalán, y obtuvo el voto favorable del 73,9% de los participantes en la consulta. Por ello, hay que cifrar en el 36% el apoyo de los ciudadanos catalanes hacia su norma estatutaria. Además, como hemos observado anteriormente, ERC (el principal partido beneficiado por el victimismo que nace del conflicto planteado con el nuevo Estatut) se decantó por pedir el voto nulo.

Por otra parte, los recursos contra normas jurídicas son instrumentos que cualquier sistema democrático otorga a las personas físicas y jurídicas en defensa de sus derechos, libertades e intereses legítimos, y pone en manos de los Tribunales de Justicia la valoración de las perspectivas jurídicas que mantienen los recurrentes. El/los recurso/s contra el Estatut elevan el grado de indignación de los independentistas porque el/los mismo/s se presentaron una vez aprobado el texto estatutario en consulta popular.

Ello no podía ser de otra manera, ya que en 1985 el Gobierno socialista de Felipe González propuso -y consiguió- la eliminación del recurso previo de inconstitucionalidad, el cual permitía la presentación de recursos contra normas estatutarias antes de su elevación a referéndum de los electores de la Comunidad Autónoma correspondiente. A partir de ese instante solo cabía presentar el recurso de inconstitucionalidad contra un Estatut que ya hubiese sido aprobado en referéndum. De ahí la fácil imputación al PP de ir en contra de #LaGente, en este caso, el pueblo de Cataluña (recordemos: el 36% de los ciudadanos catalanes con derecho a voto).

Y en eso, llegó Podemos…

Surfeando sobre la ola de indignación ocasionada por el tsunami de la crisis económica y los casos de corrupción política, recogieron el lema de «No nos representan» dirigido hacia los partidos de la vieja política («PSOE, PP, la misma cosa es»). En el camino, intentaron «abrir el candado de la Transición», considerada como germen del denominado «Régimen del 78«, producto elaborado en el laboratorio sito en la caverna del Régimen de Franco.

Después de engullir a IU, las huestes de Pablo Iglesias tratan de efectuar el abrazo del oso al PSOE, encabezado por Pedro Sánchez, el líder que lanzó la campaña del «No es No» al objeto de evitar cualquier acuerdo o pacto con el PP, en cuanto renovación, a nivel estatal, del ya mencionado Pacte del Tinell, de ámbito catalán.

Mediante ofertas de formación de gobiernos de progreso, Podemos trata de desgarrar a un PSOE que se mueve entre su tradicional posicionamiento a favor del sistema constitucional español y una cierta equidistancia entre los afanes rupturistas con la Constitución del movimiento independentista catalán y del populismo, que pugna por iniciar un proceso constituyente después de derogar la Constitución Española del 78, en el camino de implantar la III República como clon de la II República, derrotada por un dictador que murió en la cama, de viejo.

En su ruta hacia la toma del poder en sus ámbitos respectivos, interesa a las fuerzas independentistas y populistas la identificación del PP con el Estado, pues de esta manera concitan a su favor las conciencias de aquellas personas que consideran al PP (el partido más votado en España y en la mayoría de Comunidades Autónomas), una fuerza de extrema derecha, franquista y reaccionaria. Así, el odio al PP se torna en odio a España y, por ello, a la democracia, al sistema constitucional que estableció el Estado Social y Democrático de Derecho.

Precisamente, la acción que simboliza la identificación que algunos realizan entre PP, franquismo y España, tuvo lugar -¡cómo no!- en el Parlament de Cataluña, donde la diputada de Catalunya Sí que es Pot, Àngels Martínez, retiró (con la parsimonia propia de la anciana que recoge la ropa tendida) las banderas españolas puestas por los diputados del PPC en sus escaños, antes de abandonar el plenario con motivo de la votación de la Ley del Referémdum.  Esta es una bandera «que fue impuesta por la fuerza de las armas», dijo la diputada podemita cuando se le interpeló por su acción.

De una tacada, se pretendía eliminar del Parlament al PP, al símbolo de España, a la España constitucional, es decir, todo aquello que cualquier progre, de forma automática, rechazará por considerarlo facha y, de paso, fortalecer la convergencia de intereses del movimiento populista con las fuerzas independentistas.

El problema reside en que con tanta simplificación de los postulados políticos, y con la banalización de la política que surge desde el odio al PP, acabemos por cargarnos la democracia.

 

(Fotografía: Firma del Pacte del Tinell, rtve.es)

 

Barcelona: Manifestación de discordia, sectarismo y barbarie

Las primeras reacciones tras los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils, hacían presagiar que se iba a imponer en Cataluña un clima de unidad política y solidaridad entre las personas y las entidades cívicas, capaz de iniciar una nueva dinámica en la política española de consenso constitucional y respecto de las relaciones de los gobiernos de Cataluña y España.

Sin embargo, la manifestación celebrada en Barcelona el sábado 26 de agosto, ha significado un paso más en la cristalización de las desavenencias que ya venían produciéndose durante la semana anterior a los atentados terroristas, y aún antes.

Dado que el clima de unidad se consideraba que beneficiaba la posición de las formaciones políticas constitucionalistas -principalmente, al PP– los partidos populistas e independentistas -cuyo objetivo común es la desestabilización y derrumbe del sistema constitucional español- pronto arrimaron el ascua a su sardina, y los líderes que pilotan el denominado procés hacia la independencia de Cataluña aprovecharon el protagonismo de la policía autonómica catalana -los Mossos d’Esquadra– para tratar de ofrecer al mundo entero una imagen de Cataluña como Estado virtual que bien pudieran constituirse ya como Estado real, dada la eficacia demostrada por las fuerzas de seguridad catalanas, a pesar de los fallos cometidos en la investigación sobre la explosión del chalet de Alcanar y después de la comisión de los actos terroristas.

El diseño de la cabecera de la manifestación del 26-A ya fue toda una declaración de intenciones de las propuestas populistas e independentistas -con participación especial del Ayuntamiento de Barcelona, presidido por la angelical (H)ADA (Colau), la CUP y la Assemblea Nacional Catalana-, las cuales se concretaban en otorgar el principal protagonismo a la sociedad civil para retirárselo a la (abominable) clase política, es decir, para tratar de ocultar la presencia del Rey, como Jefe del Estado Social, Democrático y de Derecho, así como la de los miembros del Gobierno de España y demás instituciones estatales.

Esta era una forma práctica -y plástica- de juntar el lema del movimiento de Los Indignados («No nos representan»), con el rechazo de Los Independentistas a los representantes libremente elegidos por los votantes españoles, catalanes incluidos.

Si a eso añadimos los abucheos dedicados al Rey y al Presidente del Gobierno Mariano Rajoy por una parte de los espectadores y manifestantes, junto con las proclamas sobre su responsabilidad (in)directa en la perpetración de los crímenes terroristas («Vuestras políticas son nuestros muertos»), la exhibición de estelades independentistas, y el nulo recuerdo a las víctimas del atentado, obtenemos un cuadro político corrompido por la desunión del pueblo catalán, así como por el sectarismo de las fuerzas separatistas que manifiestan su odio a todo lo que huela a español, por muy amable y democrático que se muestre.

Ante tal manifestación de incivismo, la periodista de La Sexta, Cristina Pardo, lanzaba este tuit:

Abucheos, banderas, pancartas. ¿Contra quién es esta manifestación? #L6NoTincPor

— Cristina Pardo (@cristina_pardo) August 26, 2017

Cómo no, los populistas -liderados por Pablo Iglesias– se sumaban al aquelarre antiespañol y anticonstitucional. Ello se plasmó en la entrevista realizada, una vez finalizada la manifestación, por La Sexta al líder podemita, el cual alabó el clima de pluralidad democrática dentro de la unidad y justificó los silbidos y abucheos al Rey y a Mariano Rajoy como un ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Como telón de fondo, una bandera republicana (del 36), alguna estelada y los vítores y aplausos de una clac entregada.

Acto seguido, esa libertad de expresión alabada por Iglesias fue negada a la dirigente catalana del PP, Andrea Levy por la misma clac indepe-republicana.

La respuesta de Andrea Levy a los que la abuchean en la manifestación de Barcelona: https://t.co/k6nX0FvDOt vía @sextaNoticias

— Francesc F(er)randis (@frandisiz) 27 de agosto de 2017

De «vergonzoso» fue calificado este acto de intolerancia y sectarismo políticos por los presentadores de La Sexta, una cadena televisiva que se ha caracterizado por aupar a los altares mediáticos a Pablo Iglesias y a toda su cuadrilla (antitaurina, aunque amante de los paseíllos ante las cámaras de TV) de podemitas (ex)indignados.

De todo ello, podemos sacar las siguientes conclusiones:

1. Que la cabra tira al monte, y el movimiento independentista llevará hasta sus últimas consecuencias el procés golpista, en el camino hacia la consecución de un Estado propio (virtual o real). La presentación en el Parlament por Junts pel Sí y la CUP de la denominada «Ley de desconexión», a los dos días de la manifestación de Barcelona, es la prueba palpable.
2. Que se rompen todos los puentes con el Estado español a la hora de consensuar una salida, lo más digna posible, para los promotores de este reto anticonstitucional.
3. Que la sociedad catalana está herida de gravedad, como consecuencia de la fuerte división interna causada por la hoja de ruta independentista, lo que se ha plasmado en la menor asistencia a la manifestación de la esperada.
4. Que el problema catalán ha mutado en cáncer de difícil curación, y su metástasis ya corrompe toda la política española.

A los demócratas y gente de buena fe solo nos queda recordar a las víctimas de los viles atentados terroristas, y mostrar nuestra solidaridad con todas ellas.

Y, como signo de salud democrática, os propongo una exclamación liberadora: «#TodosSomosAndreaLevy«, aunque no comulguemos con sus ideas.

 

#Turismofobia, #Capitalismofobia

A la lucha de clases en época veraniega se le ha puesto el nombre de turismofobia, un término perverso que sirve para ocultar el verdadero conflicto. De esta manera, el significado legítimo de la lucha de clases se convierte en algo insignificante, lo más parecido a un capricho de niños malcriados. Pero nada más lejos.

Montero Glez, eldiario.es, 11-8-17.

 

Desde determinados ámbitos de la izquierda política y mediática se intenta justificar los actos vandálicos llevados a cabo por Arran, la organización juvenil de la CUP, la formación anarco-independentista-feminista que dirige el timón del procés de desconexión de Cataluña hacia quién sabe donde.

Los ataques efectuados contra el turismo en Barcelona, Palma de Mallorca y en algún rincón de la Comunidad Valenciana, persiguen, de una manera más o menos consciente, estos objetivos:

• Denunciar la masificación presente en los lugares turísticos y las incomodidades que generan a sus vecinos.
• Poner en aprietos a las empresas del sector.
• Intentar ofrecer una mala imagen de España como potencia turística a nivel mundial.

Aunque la verdadera misión que se plantean los autores de los actos de protesta contra el fenómeno turístico, son las siguientes:

• Mostrar su repulsa hacia el sistema capitalista.
• Preparar un ambiente de violencia hasta la celebración (o no) del 1-O.
• Visualizar la entelequia ideológica de los Països Catalans, como contrapeso a un procés hacia la independencia circunscrito exclusiva y estrictamente a Cataluña.

Ante esta izquierda que se reclama revolucionaria y cuyos postulados ideológicos hay que buscarlos en el marxismo-leninismo, además de en otros ismos contemporáneos, ha existido una izquierda reformista -socialdemócrata- que efectúa sus propuestas de cambio dentro del marco socioeconómico del sistema capitalista, y que basa sus pretensiones de progreso social en una redistribución de la renta: «que paguen más (impuestos) los más ricos» (para que los más pobres puedan beneficiarse de los recursos generados por las ganancias conseguidas según las reglas de sistema, es decir, del establecimiento de un Estado del Bienestar sólido y de lograr el mayor nivel de vida posible para las clases populares.

Por contra, la izquierda anticapitalista está imbuida ideológicamente del pesimismo que le atribuía Keynes. Es una izquierda ceniza -mixta de mosca cojonera y pájaro de mal agüero- que se limita, en unos casos, a protestar por cualquier disfuncionalidad del sistema sin proponer nada positivo a cambio. En otros supuestos, su protesta deriva en una violencia puntual y estéril, cuyos objetivos mueren cuando finalizan los actos violentos. Lo estamos viendo con los ataques llevados a cabo contra el sector turístico. Lo observamos, de vez en cuando, durante las celebraciones de alguna cumbre político-económica internacional: las acciones de los grupos antisistema son violentas y no se detienen ante los perjuicios que pueden ocasionar a los bienes de las empresas y las personas físicas, así como al bienestar psíquico-físico de los ciudadanos.

Sin embargo, su escaso predicamento social y la inexistencia de una alternativa viable a la pretendida caída del capitalismo, reducen sus pretensiones a joder la marrana: «Ya que no podemos derribar el capitalismo, por lo menos vamos a incordiar y a conseguir que -aunque sea en determinadas ocasiones- la gente tenga que aguantar las impertinencias de nuestras perfomances cargadas de odio y violencia».

Se trata del tipo de protesta que algunos pretenden justificar desde los medios de comunicación, como Juan Soto Ivars, en El Confidencial del 9-8-17, cuando afirma que

«No se protesta contra el turista. Se protesta contra una explotación que produce precariedad laboral y cuyo beneficio termina en pocas manos […] A la industria turística, principal receptora de los beneficios, le ha venido muy bien que Arran protagonice pintadas contra autobuses turísticos y la efectista e inofensiva lluvia de confeti» (Los subrayados de este artículo son míos). El autor pasa por alto el mal causado a la imagen del turismo e ignora el asalto al bus turístico de Barcelona, realizado por encapuchados que portaban armas blancas, cuando no está el horno para bollos, con el terrorismo yihadista bien presente. ¿Se podría pensar lo mismo después de pasar el susto correspondiente dentro del autobús de marras, o de que te cayera ese confeti en la sopa?

Aún más incisivo en la justificación de los sabotajes al turismo se muestra el novelista Montero Glez, en eldiario.es del 11-8-17.

«Las estructuras económicas de un país como el nuestro se ven arruinadas desde el momento en que la economía depende de un sector tan gaseoso como el terciario. Luego está lo otro, lo del ataque al bus turístico, pues no hay efecto sin causa y cuando los imperativos económicos son graves, la manera de responder a ellos siempre será grave«.

Desde un posicionamiento de un marxismo simplón, el citado novelista, continuaba desparramando sus ideas sobre el particular:

«Así, con la llegada  de los calores, se bendice la aparición de turistas pues como señalan los más simples, el turismo trae trabajo. Los que afirman tal simpleza aún no se han parado a pensar que, en una sociedad capitalista, el trabajo no es otra cosa que beneficio para el capital«.

¿Qué pensaran los trabajadores llegado el momento de aceptar o no un trabajo -por ejemplo, en el sector turístico-, y si es el caso, a la hora de recoger la nómina, cuando alguien les diga al oído que «el trabajo no es otra cosa que beneficio para el capital»? ¿Para qué buscar trabajo si solo ha de redundar en beneficio para el empresario? ¿Por qué extraña razón escribe el novelista, si sus obras no son otra cosa que beneficio para las editoriales, para el capital?

Somos conscientes de que el sistema capitalista -como cualquier otro sistema socioeconómico habido y por haber- es manifiestamente mejorable, incluso que merece un recambio. No obstante, la evaluación de cualquier alternativa ideológica debería fundamentarse en argumentos rigurosos, y en considerar siempre, como factor principal de la praxis política, el respeto y la salvaguarda de la vida, la dignidad de las personas y su bienestar psíquico-físico.

Mal empieza cualquier planteamiento político-ideológico, cuando pretende crecer e imponer su criterio sobre la base de buscar el enfrentamiento entre las personas y los diferentes sectores que componen la sociedad, incluso con la utilización de la violencia. Pues, desde antaño sabemos que lo que mal empieza, mal acaba.

(Fotografía: El Mundo)