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Un ‘procés’ de hispanofobia aguda

Como todo nacionalismo, el nacionalismo catalán se fundamenta en dos pilares ideológicos y sentimentales:

  • El orgullo de pertenencia a una comunidad histórica, cultural y lingüística.
  • La defensa ante las agresiones de un enemigo externo, en este caso, España.

Desde los tiempos de su fundador, Valentí Almirall, el nacionalismo catalán ha fomentado la idea de que una Cataluña avanzada económica y culturalmente debía actuar como locomotora de una España atrasada en esos mismos ámbitos.

Esta percepción coincidía con la realidad durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, pero, tras el periodo de la Transición, que culmina con la aprobación de la Constitución española y el establecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho y de las Autonomías, Cataluña ha avanzado en el terreno del autogobierno y en el desarrollo de su cultura, sus costumbres, así como en el fomento de la lengua catalana. Además, la colaboración del nacionalismo moderado de Convergència i Unió, capitaneado por Jordi Pujol, con los sucesivos gobiernos de España, ya fueran socialistas o populares, supuso mejoras palpables en los recursos de Cataluña, al tiempo que facilitaba el progreso de los restantes pueblos que componen España.

Por lo tanto, la concepción de una España de dos velocidades (Cataluña, avanzada; España, atrasada) empieza a difuminarse mediante la nivelación de los estándares de bienestar en todas las Comunidades Autónomas que integran el Estado español.

Sin embargo, la llegada de la crisis económica de 2008 produce una fuerte recesión en toda España, que también se hace sentir en Cataluña. Y ante el deterioro del nivel de vida del pueblo catalán, el nacionalismo en el poder -ahora liderado por Artur Masrecupera la idea de que Cataluña, como pueblo, ha de sufrir la rémora de una España perezosa y atrasada que vive a expensas del esfuerzo de los catalanes (“España nos roba“).

Con estos mimbres se configura un cuadro de hispanofobia aguda, que presenta los síntomas siguientes:

  • Etiquetación del sistema constitucional español como continuación del régimen franquista.
  • Identificación del Estado con el partido en el Gobierno (PP), ambos presididos por un Don Tancredo que fuma puros y solo lee el Marca.
  • En consecuencia, supremacismo de una Cataluña que se considera poseedora de un derecho “a decidir” sobre su permanencia en una España opresora.

Contribuye con fervor al desarrollo de ese proceso el populismo de Podemos y sus confluencias, cuyo objetivo principal es el derrumbe del denominado “Régimen del 78”.

A pesar de que el sistema de financiación autonómica vigente -aprobado por el gobierno de Rodríguez Zapaterobeneficiaba en principio a Andalucía y Cataluña, Artur Mas pretendió evitar al máximo posible los efectos nocivos de la crisis económica en Cataluña, por lo que exigió al Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, el establecimiento de un pacto fiscal exclusivo para Cataluña similar al que disfrutan Euskadi y Navarra, bendecidos por la Constitución Española. Ante la negativa de Rajoy a dar el visto bueno a ese marco bilateral con Cataluña, que hubiese hundido aún más la maltrecha economía del Estado y de las restantes Comunidades Autónomas, el nacionalismo catalán activó el denominado “procés de desconnexió amb Espanya, a partir de la masiva manifestación reivindicativa de la Diada del 11-S de 2012.

Dada la fuerza del movimiento nacionalista demostrada en las calles de Barcelona, el nacionalismo devino independentismo, y más cuando las manifestaciones recibían un mayor apoyo social, año tras año. La celebración del referéndum ilegal del 9-N de 2014 y, sobretodo, de las elecciones autonómicas del 27-S de 2015, supusieron los hitos fundamentales para el establecimiento de la hoja de ruta del procés.

Todo se acelera con los lamentables y vergonzosos Episodios Nacionales en el Parlament durante los días 6 y 7 de setiembre de 2017, la aprobación de las leyes del Referéndum y de Transitoriedad -mediante un procedimiento propio de una República Virtual y Bananera-, la (no) celebración del referéndum-pucherazo del 1-O (con el reparto de mamporros difundido por todo el orbe), para finalizar con la (no-se-sabe-si) declaración unilateral de independencia y proclamación de la República Catalana que -ahora sabemos, en boca de Carme Forcadell, Presidenta del Parlament– fue meramente simbólica.

La inesperada reacción enérgica del Gobierno de Don Tancredo con la aplicación del art. 155 de la Constitución y el cese de todo el Govern, a lo que hay que añadir la puesta en marcha de los órganos judiciales para enjuiciar a ese Govern y a la Mesa del Parlament por la presunta comisión de delitos muy graves, ha roto en mil pedazos la ilusión supremacista que alejaba de la realidad al movimiento independentista. Así, la fuerza irresistible del “Estado invasor” ha provocado que la hispanofobia aguda curse en catalanitis autoinmune*, la cual presenta el cuadro clínico siguiente:

  1. División de la sociedad catalana.
  2. Derrumbe del catalanismo (antes) moderado de CiU.
  3. Fuga de empresas y ralentización de las inversiones extranjeras.
  4. Amenaza de paro y recesión económica.
  5. Intervención de la organización autonómica a través de la aplicación del art. 155 CE.

La prescripción facultativa ha sido dada por el Gobierno de España -con el beneplácito del Senado-, mediante la aplicación del art. 155 CE y la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21-D. Mientras, la Justicia española enviaba a la cárcel (provisionalmente) al exvicepresident Oriol Junqueras y siete exconsellers, dejaba en libertad provisional con fianza a los miembros de la Mesa del Parlament, y emitía orden de detención para el expresident Carles Puigdemont y otros cuatro exconsellers, de turismo judicial por tierras de flamencos y valones.

Las declaraciones de la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ante el juez instructor del Tribunal Supremo sobre el acatamiento a la aplicación del art. 155 y la afirmación de que la declaración de independencia era simbólica, dejan al descubierto los efectos nefastos (palpables) de la grave patología que padece la sociedad catalana del siglo XXI.

Los resultados del 21-D serán un test definitivo sobre el grado de recuperación del equilibrio social en Cataluña.

 

* Se habla de enfermedad autoinmune cuando el sistema inmunitario -encargado de combatir a los patógenos extraños al organismo- ataca a determinado/s órgano/s del mismo, provocando inflamación.

 

(Montaje fotográfico: Daniel Tercero)

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Cuando #LaGente se mete en política

El Estado de las Autonomías es uno de los pilares en los que se sustenta el sistema constitucional español. Las autonomías fueron erigidas como reivindicación política de los derechos de las comunidades históricas, y en cuanto Administraciones Públicas más próximas al ciudadano, potenciadoras y coordinadoras de las Administraciones más cercanas, los municipios.

Como secuela de la profunda crisis económica, ha sido puesto en cuestión este Estado de las Autonomías, pues han salido a flote sus disfuncionalidades y algunas personas con mentalidad centralista han intentado imputarles los problemas del déficit y de la deuda públicos, aunque el ataque más fuerte contra ese Estado está protagonitado por el movimiento independentista catalàn.

Es cierto que el desarrollo del sistema autonómico ha generado una serie de sinergias negativas, como pueden ser la excesiva competitividad que se ha establecido entre las diferentes autonomías, a los efectos de acaparar competencias y recursos públicos, lo que ha llevado a un estado generalizado en el que imperan las reclamaciones por supuestos agravios comparativos que, en general, conducen al sentimiento del victimismo.

El transcurso del tiempo nos da una imagen del proceso autonómico según la cual, con la aprobación de la Constitución Española de 1978 y los Estatutos de Autonomía que le siguieron, se habría dado el pistoletazo de salida en la competición por equipos autonómicos, hacia la mayor acumulación posible de competencias y poder territorial, aunque fuera a costa de perder de vista la necesaria solidaridad entre los pueblos hispánicos, producto de los imprescindibles acuerdos y pactos entre los entes autonómicos y el Estado.

Así, hemos llegado a una situación en la que, a consecuencia de la crisis económica, conviven un sistema de financiación injusto y un (no) reparto de los recursos que pertenecen a todos (el agua, por ejemplo). En este sentido, es conveniente recordar cómo las asociaciones de regantes y usuarios, principales interesados en la buena gestión del agua, como bien común, llegaron a acuerdos para la concreción del Plan Hidrológico Nacional a través del trasvase de aguas del río Ebro. Acuerdos que fueron ignorados por el Gobierno de Zapatero a la hora de derogar los artículos de la Ley del PHN que contemplaban dicho trasvase.

Intereses partidistas y empoderamiento de determinados gobiernos autonómicos amigos, se impusieron al consenso y a la resolución de problemas estructurales graves de otras autonomías, consideradas como enemigas políticas (de diferente signo partidario) y, por lo tanto, víctimas propiciatorias de los pactos alcanzados entre los partidos que sustentaban al Gobierno de España y a las Comunidades Autónomas beneficiarias.

Aunque pueda parecer un contrasentido, es posible que la mayor facilidad para llegar a acuerdos en el seno de los diferentes sectores de la sociedad civil -en comparación con los partidos políticos-, se deba a que las organizaciones ciudadanas persiguen aquello que los autores de La urna rota califican como ‘intereses contrapuestos‘, con los que se pueden enhebrar transacciones y pactos, en lugar de la utópica persecución de un ‘interés general‘ en cuanto “ilusión metafísica en la que se refugia el legislador” que, a menudo, esconde meros intereses de partido. En determinados momentos es conveniente romper las amarras de los intereses partidistas, tejidos con la pulsión de conquista y mantenimiento del poder, así como para el establecimiento de alianzas con las fuerzas que les pueden ayudar en ese objetivo, a su vez enrocadas en sus propios intereses partidistas, por lo que resulta difícil salir de esa espiral que gira en torno al ombligo donde se miran los partidos.

Así, podemos afrontar los desequilibrios políticos y territoriales más allá del prisma político partidista -aunque sin voluntad de sustituirlo-, desde la perspectiva de la vertebración de la sociedad civil, a los efectos de darle la vuelta a la tortilla organizativa del Estado y conseguir un mejor ordenamiento jurídico y práctico en materia de régimen electoral, financiación, distribución de recursos públicos y transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública y de los partidos políticos, así como el fortalecimiento de esa sociedad civil que, a estas alturas de la corrida constitucional, aún no parece haber alcanzado la mayoría de edad para llegar a ser sujeto consciente y responsable, activo y determinante en la adopción del rumbo hacia el que debe dirigir sus pasos la sociedad española.

Es evidente que la sociedad civil se vertebra a través de vías organizativas y comunicacionales, tanto informales como formales. La omnipresencia de las redes sociales ha de facilitar la vertebración de la sociedad civil, sobre todo entre los sectores con perfiles semejantes [Vid. artículo ¿Dónde va #LaGente?] y dentro del ámbito más informal, sin descartar su utilización en las estructuras formales (estables).

Como antes hemos dicho, la vertebración para la participación de la ciudadanía en el ámbito socio-político, ha de sustentarse en la base del municipio, en cuanto entidad pública más cercana al ciudadano, para -a través de las entidades supramunicipales como las mancomunidades y comarcas, obtener una vertebración estable de la sociedad civil, siempre conectada y siempre dispuesta a ser colaboradora y crítica con la Administración Autonómica correspondiente. (Por cierto, el papel que han de jugar, o no, las Diputaciones Provinciales, podría ser objeto de discusión).

Una vez conseguida esta estructuración autonómica ciudadana, debe favorecerse el engarce de la estructura autonómica con el Estado. Ahí, tal vez, podría jugar un papel relevante el Senado, esa institución que no acaba de encontrar un lugar claro en el organigrama salido de la Constitución, a pesar de ser concebido como órgano de representación territorial. El establecimiento de los foros adecuados para la coordinación de los diferentes territorios -en cuanto espacios habitados por ciudadanos, con culturas e intereses propios y, muchas veces, enfrentados-, podría ser una de sus competencias más importantes.

(Fotografía: Official Press. Plantà al tomb de la falla municipal de València 2017)

En España se enterraba muy bien

Puede parecer un contrasentido más de la racionalidad humana, pero los hechos lo constatan: en general, los humanos dispensamos un mejor trato a los muertos que a los vivos. “En España se entierra muy bien”, se atrevía a decir el exdirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.

Pues, cada vez con mayor frecuencia, observamos los espectáculos ofrecidos como homenaje en memoria de las personas muertas, incluidos los aplausos multitudinarios que se tributan al paso del féretro (¡como si el difunto -ya convertido en símbolo inerte de su vida y milagros, y amuleto contra nuestra propia muerte- pudiera escucharlos!).

Mas, como ya comienza a ser criticado este trato preferente hacia los muertos en detrimento de los vivos, van implantándose los homenajes a las personas aún vivas. Sin embargo, ser objeto de semejante tributo bien pudiera ser síntoma de mala salud: probablemente algún ser estimado ha detectado que tus días en este mundo traidor están a punto de agotarse, y por eso te preparan la despedida que te mereces.

También resulta evidente que, en todo momento, el difunto siempre supera en bondad y sabiduría al vivo; por lo menos así se manifiesta en los elogios y adulaciones que se dirigen hacia el muerto y que tanto regateamos al vivo. Este forma parte del mundo, participa en la lucha por la competencia para intentar sobrevivir y flotar; en cambio la persona muerta se aparta de nuestro trayecto vital y ya no representa ningún obstáculo en nuestra marcha que, a menudo, consideramos triunfal.

Además, los muertos se convierten en aldabonazo, en símbolo, de nuestra existencia finita, y eso representa otro motivo para la reverencia que les dispensamos. Los muertos abren la senda que más tarde deberemos recorrer los que fuimos testigos de su tránsito hacia el interior del ataúd. En este sentido, el respeto manifestado en los ritos del entierro suponen una especie de exorcismo de nuestras propias muertes, un hecho que la conciencia considera inevitable, pero que nuestro instinto de supervivencia intenta negarle su certificado de veracidad.

Ay, si cuidáramos tan bien a los vivos como hacemos con los muertos!; otra sería la faz de la sociedad humana. Un nuevo lema (parafraseando el mensaje cristiano) podría cambiar el signo de la especie humana: “Respeta al vivo, así como respetas al muerto”, porque -podríamos añadir- tarde o temprano te tocará hacer el muerto.

P.D.: Naturalmente, estas reflexiones sobre principios éticos de nuestra sociedad han quedado obsoletas con la llegada a España -y al mundo entero- de la nueva e indignada política. La trágica muerte (¡existe alguna muerte que no sea trágica!) de Rita Barberá ha aflorado a la superficie mediática el odio reconcentrado que determinadas personas y fuerzas políticas ya manifestaban en vida de la exalcaldesa de Valencia y senadora.

Así, los líderes de Podemos, por ejemplo, no se han cortado ni un pelo de sus coletas pseudorevolucionarias, a la hora de sentenciar que la política fallecida era una “corrupta” (a pesar de no tener ninguna sentencia judicial que así lo dictaminara) y negarse, por ello, a observar el minuto de silencio que le tributó el Congreso de los Diputados, como respeto a un referente del sistema democrático español y valenciano.

Ay, si a Rita Barberá se le hubiese respetado, como mínimo, el derecho de presunción de inocencia que corresponde a todo ser humano, hasta que la muerte la separara del resto de la humanidad (aún) viviente… y más allá…

Una democracia virtual y ‘trumposa’

En esta época que nos ha tocado vivir constatamos fenómenos políticos y mediáticos como los encarnados en  Silvio Berlusconi, primero, y  Donald Trump, últimamente. Son personas carismáticas procedentes del mundo empresarial y con una fuerte presencia en los medios de comunicación, tanto en lo que respecta a su propiedad como en lo referente a la presencia en los mismos. Con ello, y  transmitiendo mensajes que masajean los oídos de la gente -más o menos indignada con la clase política tradicional-, han conseguido el máximo poder político en sus países.

Paradójicamente, estos magnates (conservadores) de la empresa y la política internacional han  acabado unidos, por los rayos catódicos, a otros líderes mediáticos, por ejemplo, a los del partido de los indignados españoles (¿de izquierdas?, ¿socialdemócratas?, ¿de los de abajo?, ¿transversales?), es decir, Podemos.

Ante estos fenómenos de la vida política y mediática, hemos de preguntarnos: ¿Estamos asistiendo a la construcción de una realidad político-mediática virtual, o de política-plasma, alternativa al sistema político actual?

Porque, inmersos como estamos en la sociedad de la información, los líderes políticos que saben utilizar los resortes que dirigen aquella (radio, televisión y redes sociales) consiguen los objetivos que se proponen, desde una fuerte presencia institucional hasta la obtención de la presidencia de gobiernos de países importantes. De esta manera, Berlusconi consiguió ser Presidente de Italia, como ahora Trump ha logrado la Presidencia de los Estados Unidos. Del mismo modo, no se puede entender la emergencia en el ámbito político español de Podemos, si no tenemos en cuenta la omnipresencia de dicho partido en los medios de comunicación, fundamentalmente la televisión.

En este sentido, y centrándonos en la realidad española, parece que  los principales medios de comunicación privados y determinadas fuerzas políticas emergentes, entre las cuales destaca Podemos, están enfrascados en la consolidación de una realidad virtual paralela a la de la política real, aquella que se despliega en el Congreso y el Senado, además de en los distintos parlamentos autonómicos, ayuntamientos, diputaciones provinciales, sedes de los partidos políticos, etc. Se trata de un fenómeno hermano del que representa la economía virtual (o especulativa), respecto de la economía real, y que tantos quebraderos de cabeza está causando a la clase política y, principalmente, al ciudadano de a pie (buena parte de los economistas consideran a la crisis financiera como causa detonante de la crisis económica actual).

Tanto la una (la economía virtual), como la otra (la política virtual) funcionan con un mecanismo propio generador de burbujas (fuertes expansiones que las alejan de los parámetros reales) que, cuando alcanzan determinados niveles de saturación, se pinchan. En ese preciso instante, los signos de la realidad se imponen y se destruyen los castillos de naipes con los que se ha jugado la partida de la realidad virtual.

También es común a las virtualidades económicas y políticas el fenómeno de expansión por contagio viral: transmisión exponencial de los datos a través de los sistemas de información dominados por el Big Data y las redes sociales.

Mas, en la realidad virtual política, se ha llevado el Gato el Agua la nueva generación de políticos que provienen, en buena parte, del colectivo de los  indignados, pronto convertidos en casta-plasma, por mor de su omnipresencia en los  medios de comunicación de titularidad privada y, de rebote, por contagio viral, en los mass media públicos. Así puede explicarse que, antes de la fundación de Podemos, su futuro líder  Pablo Iglesias  ya actuara como auténtico  superstar en los principales canales de televisión privada. Después se produjo la presencia mediática de otros líderes de su movimiento como  Tania Sánchez, para a continuación -con la creación de Podemos como partido político- intensificar la visualización de esta organización recién nacida.

Ello ayuda a explicar el crecimiento exponencial de esta fuerza política, a partir del logro de cinco representantes elegidos por el pueblo en la elecciones al Parlamento Europeo de 2014 (conseguidos, por cierto, con un programa que prometía el oro y el moro, como la jubilación a los 60 años, y que acarició los oídos de 1.250.000 votantes españoles, sensibles a los efectos nefastos de la crisis e inclinados a señalar como culpables de la misma a la clase política real, ahora transformada en “casta”).

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Y, en este nuevo terreno de juego virtual, las apariciones televisivas y las encuestas (con datos de lo mas variado y fluctuante; como hechas a medida) pretenden sustituir a las urnas, esas cajas transparentes con ranura en su parte superior, en las que se recoge el voto secreto que ha de elegir a las personas que “SÍ nos representan” en las instituciones donde reside la soberanía nacional y la voluntad del cuerpo electoral.

No debe extrañarnos que el fenómeno de la política virtual prolifere en esta  sociedad del espectáculo que nos ha tocado vivir, donde predominan las actitudes infantiloides de buena parte de la ciudadanía -que tan solo anhela la diversión y el entretenimiento-, como causa o efecto, entre otras cosas, de que los niños se han convertido en los “Reyes de la casa”.

Pues, a pesar de que parece existir una gran efervescencia social y política, esta sociedad manifiesta una gran carencia de sentido de responsabilidad respecto de la marcha de la sociedad y de compromiso político, sindical y civil; en realidad son colectivos bastante reducidos en número los que bajan a la arena político-social. La calle, siempre es una inmensa minoría respecto de la gente, aunque los dueños de aquella, a menudo, se erigen en representantes de esta, y  los medios de comunicación se manifiestan como la caja de resonancia de ese ruido social. El resto de la población se limita a ver los programas televisivos donde se representan las contiendas políticas en forma de debates y tertulias -si puede ser- bien subidas de tono, pero en las que  la sangre nunca llega al río.

Al final,  el máximo esfuerzo realizado por la gran mayoría de los ciudadanos en materia política, consiste en dirigir el dedo acusador contra la casta (apacible chivo expiatorio en el que se concentran todos los males y todas las culpas), dar pábulo a sus desmanes (casos de corrupción realizados por algunos de sus representantes durante la época de bonanza económica), en los círculos de amistad y de trabajo, así como en las redes sociales. Y contar chistes, muchos chistes; y transmitir muchos  memes en las redes sociales, en los que las víctimas de la chanza son aquéllos que “SÍ nos representan” (como mínimo, hasta que dejen de representarnos, si así lo decidimos las personas que depositamos una papeleta en una caja transparente, con ranura en su parte superior, y que damos en llamar “urna”).

Se les está pasando el arroz (a #JuntspelSeny de la Tierra Media)

 

Fue José Ferrater Mora el que en sus Formas de vida catalana (1944) planteó la idea de que históricamente Cataluña ha estado presa de una obsesión que constituye una enfermedad: la dependencia del pasado, un pasado construido en término de agravios y heridas morales que han contribuido a fabricar una memoria victimista vinculada siempre al discurso político del presente. Presente y pasado instrumentalizándose mutuamente.

Los paradigmas explicativos de la historia de Cataluña han sido muchos. El historiador Jaume Vicens Vives [Notícia de Catalunya] encerró la historia de Cataluña en los arquetipos antropológicos del seny y la rauxa. El seny, como sinónimo de sentido común, la prudencia y el pragmatismo; la rauxa como determinación irreflexiva que en la práctica se ha venido utilizando con el sentido de pasión, de violencia abrupta, de volcánica fiebre que lo arrasa todo.
(Ricardo García Cárcel, La herencia del pasado. Las memorias históricas de España, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, Barcelona, 2013).

Como indicábamos en el artículo “¿Qué ha sido de Junts pel Seny?” { http://wp.me/p5yGMp-ff  }, la coalición #JuntspelSí, en connivencia con la CUP (juntos suman algo menos de la mitad de los votos en las últimas elecciones autonómicas), se rebela contra el Estado Español y pretende/n llevar a cabo el llamado Proceso de Desconexión.
Este proceso separatista no deja de representar un nuevo hito histórico de la rauxa catalana, que enlaza, entre otros, con los siguientes:

La guerra dels Segadors de 1640, que supuso un breve periodo de independencia y 11 años de integración en Francia, con vuelta al hogar hispánico después de comprobar que el Estado francés aún era más centralista que el español.
-La Nueva Planta, impuesta por Felipe V.
El Tancament de caixes de 1899, con la célebre sentencia de Manuel Durán i Basno ens entendran mai“; el grito de “Abaix els lladres“, o los silbidos a la Marcha Real [¿a qué me suena eso?], denunciados por Segismundo Moret en 1901.
-La proclamación en 1934 del Estat Català en la República Federal española, realizada por Lluís Companys.
La Constitución española de 1978 pretendió dar carpetazo definitivo a estas batallas dialécticas, políticas y militares, llevadas a cabo entre Cataluña y España. A partir de ese momento, se pensó que estaba realizado el encaje de Cataluña en España, ya que se produjeron una serie de acontecimientos políticos que así parecían corroborarlo:
Miquel Roca (por el Grupo Catalán) y Jordi Solé-Tura (por el Partido Comunista), interpretaron el papel de Padres de la Constitución Española.
La Constitución fue votada favorablemente por el 91% del electorado catalán.
Los gobiernos de España, tanto del PSOE, como del PP, contaron con el apoyo constante de la CiU de Jordi Pujol.
Los modelos de financiación autonómica de 2001 y 2009 respondieron a los requerimientos de los respectivos gobiernos catalanes.

pujol aznar
(El Pacto del Majestic. Fuente: El País)

Como contraprestación a ese encaje estatal, Cataluña, además, recibió buen número de inversiones, de las que cabe destacar la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, en 1992… y siempre se realizó una interpretación favorable de los Reglamentos del Congreso y del Senado para conceder grupo propio a CiU.
La crisis económica y la revelación de una presunta trama de corrupción que parece impregnar a la Administración catalana y al partido del Govern, han tirado por tierra este largo periodo de seny y de bonanza política y económica, aunque ello no obsta para que se continúe demandando al Estado del que desean separarse dinero del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), y CDC -aunque camuflada- pidió la tradicional constitución de grupo propio al Congreso y al Senado, aunque no cumplía con los requisitos exigidos a tal fin (las Mesas del Congreso y del Senado acabaron por denegárselo).
Desde Valencia (ese territorio que todos los días aparece en las pantallas de TV3 conectado a esa Media-Cataluña que desea desconectarse, y que podría representar un papel mediador entre Madrid y Barcelona), se realizan unas propuestas jurídico-políticas, que podrían ayudar a la recuperación del seny que había caracterizado a la sociedad catalana, aunque parece que ya es tarde para recuperarlo:

-Consensuar una modificación simple de la Constitución española, que contemplara, entre otros, los siguientes apartados:
·Añadir la disposición adicional quinta, en el sentido de reconocer la definición de Cataluña como nación, contemplada en el Preámbulo del Estatut Català.
·Modificar el art. 69, sobre el Senado, a fin de que la circunscripción para las elecciones de los senadores sea la Comunidad o la Ciudad Autónoma. También podría establecerse que la sede de esta Cámara legislativa residiera en Barcelona.
·Cualquier otra reforma legal que dé consistencia al nuevo sistema…

-Paralelamente, se abriría un proceso de construcción de un nuevo modelo de financiación justo, y que pudiera servir de base para ulteriores modificaciones legislativas y constitucionales.

La resolución traumática del Brexit, así como los autos y las sentencias de los diferentes Tribunales de Justicia, que tiran por tierra buena parte de las expectativas de creación de las estructuras estatales de Cataluña, deberían haber significado un llamamiento a la gente de seny de la clase política catalana, para proponer los remedios capaces de atajar las espirales de agresividad política y de desobediencia, que amenazan con hacer trastabillar el sistema democrático nacido en 1978. También los contactos políticos para intentar lograr la investidura del Presidente del Gobierno Español, podrían haber supuesto un hito histórico en el camino de actualizar el marco constitucional y lograr la pacificación del clima político en Cataluña y el resto de España.

Sin embargo, obcecados en estirar al límite la cuerda con el Estado español, los independentistas catalanes no se dan cuenta de que se les está pasando el arroz… y que cada vez les resultará más difícil volver a meter la cuchara en la olla española.

 

 

¿De qué habla #LaGente?

Si las entidades locales y autonómicas son los ámbitos naturales para el enraizamiento de las organizaciones de la sociedad civil, se tendrán que estudiar las posibles estructuras de nivel superior que sean aptas para articular y dar voz a esa ciudadanía, que se organiza en ámbitos donde cada vez se diluyen más las formas de participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos.

Antes de entrar en profundidad sobre la organización y los contenidos que afectan a las relaciones entre sociedad civil y clase política, sería conveniente poner sobre el tapete algunas consideraciones sobre los principios de actuación:

  • La ideología de cada cual no debería impedir la obtención de soluciones a los problemas que nos afectan, por lo que habría que erradicar del debate el sectarismo y la demagogia.
  • Dejar a un lado los corsés y servidumbres propios de la lucha partidista, al objeto de facilitar el establecimiento de consensos para la consecución de una sociedad más equilibrada y con mayores índices de calidad de vida.

Hasta llegar al ámbito autonómico, resulta más fácil el establecimiento de órganos de coordinación, más o menos permanentes, donde puedan estar representados los diferentes sectores que conforman la sociedad civil del ámbito correspondiente. Dada la importancia que la información y comunicación tienen en la sociedad actual, habrá de tener en cuenta, tanto los canales de comunicación informales (redes sociales, etc.), como los formales (circulares, comunicados, notas de prensa…), por lo que se hace imprescindible la asistencia profesional de periodistas y community managers que den forma y distribuyan la información que generan esas organizaciones sociales.

En el anterior artículo aposté por el papel determinante que puede jugar el Senado como sede del encuentro entre los órganos de representación política y la ciudadanía organizada. Desde ese cualificado foro podrían convocarse las Jornadas y Congresos en los que debatir las cuestiones que afectan a la calidad del sistema democrático.

¿Cuáles pueden ser las materias a tratar en los foros ciudadanos?

Cabría contestar: las cuestiones que preocupan al ciudadano en su vida diaria, así como en sus relaciones con la clase política, y las Administraciones Públicas. En concreto, podrían ser éstas (sin ánimo de exhaustividad):

  1. Sistema de solidaridad interclasista e interterritorial, que facilite una política distributiva justa y la extensión de los mayores niveles de calidad de vida entre los ciudadanos.
  2. Modelo de Administración Pública más profesionalizada, independiente de los partidos políticos, y en la que se reduzca considerablemente el sistema de libre designación como forma de cubrir los puestos de mayor responsabilidad, a favor de la potenciación de la carrera profesional de los funcionarios.
  3. Formas de incrementar la participación de la ciudadanía en la vida política:
  • Requisitos para la Iniciativa Legislativa Popular (ILP).
  • Sistemas de selección de los líderes políticos: ¿Listas abiertas en las candidaturas? ¿Primarias para la elección de los dirigentes de los partidos políticos?
  • Criterios para una financiación transparente de los partidos políticos, sindicatos, y demás organizaciones que reciban subvenciones públicas.
  • Reforma de la Ley Electoral al objeto de empoderar a la ciudadanía.

Hoy en día, se ha popularizado entre la opinión pública (y publicada) la necesidad de implantar sistemas de elección que se consideran más democráticos y abiertos a la participación ciudadana, como los sistemas de listas abiertas en las elecciones a órganos de representación y los procedimientos de primarias para elegir a los dirigentes de los partidos políticos. Coincido con algunos autores -principalmente, el colectivo Politikon de La urna rota– en que las listas abiertas y las primarias no son la panacea del sistema democrático.

El sistema de listas abiertas supone un incremento de la complejidad del sistema electoral, y beneficia, fundamentalmente, a los sectores sociales más activos en la vida política y, por lo tanto, con mayores índices de información sobre las personas que integran las listas de los partidos políticos.

Como ya se ha manifestado anteriormente, los procesos de primarias son ajenos, en principio, a nuestra cultura política (su buena aureola proviene del genuino sabor de la democracia estadounidense), y son los preferidos por los medios de comunicación que encuentran en ellos un filón de imágenes impactantes, de exaltación del personalismo, así como una explotación de las posibles pugnas que se pudieran establecer entre los distintos candidatos a ocupar los puestos directivos.

En buena parte, las primarias se construyen como campañas de marketing político y de obtención de fondos. También pueden ser el escenario apropiado para que los aparatos de los partidos, o determinadas corrientes dentro de los mismos, lleven a cabo tácticas de manipulación de los censos de electores, e incluso que otras fuerzas políticas puedan realizar el entrismo o provocar el boicot en algún partido en concreto, como fue el caso denunciado en las primarias celebradas en Izquierda Unida de Madrid. La grave crisis que atraviesa el PSOE también hunde sus raíces en la elección de sus secretarios generales y candidatos a la Presidencia del Gobierno a través del sistema de primarias.

Por ello, se plantea la posible reforma de la Ley Electoral, al objeto de que el número de elegidos vaya en consonancia con el número de electores, con topes máximos y mínimos. Esto daría un mayor poder a la opción de abstenerse en la votación, en cuanto supone dotar de mayor responsabilidad al ciudadano con derecho al voto, e indicaría el nivel de confianza de éste con la clase política en general. También determinaría el montante de dinero destinado a los partidos políticos que logren la representación.

El empoderamiento de la abstención, sería la pieza clave sobre la que fundar un nuevo status quo, en las relaciones entre ciudadanía y clase política, en tanto en cuanto puede representar el punto de equilibrio entre dos poderes:

  • El ostentado por los políticos, como representantes elegidos por los ciudadanos.
  • El de un pueblo organizado que ha obtenido la carta de mayoría de edad, mostrándose responsable de su actuación ante los procesos electorales y sus consecuencias posteriores.

De esta manera, los porcentajes de participación/abstención electoral nos darán una idea clara de la confianza que los ciudadanos depositan en sus políticos, lo cual les ha de motivar para buscar aquella, poniendo a su vez al servicio de los electores el poder que estos les han otorgado.

Se trata de poner en marcha un proceso de retroalimentación, del que han de salir cada vez más reforzados los principios democráticos de representatividad política y de participación ciudadana.

(Fotografía: Genuino sabor americano, obra del pintor valenciano Antonio de Felipe, de su exposición Graffiti Pop, Madrid, 2015)