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El Estado es el PP

Los momentos culminantes del procés hacia la independencia de Cataluña dejan al descubierto el movimiento convergente de las diferentes hojas de ruta políticas, tendentes a estigmatizar al PP como el partido de la derecha recalcitrante heredera del franquismo y, como consecuencia de ello, a marginarlo del escenario político.

El pistoletazo de salida tuvo lugar con el denominado Pacte del Tinell, suscrito en el mes de diciembre de 2003 por el PSC, ERC y ICV-EUiA, que dio origen al Govern del tripartito. Su objetivo era conquistar el poder en Cataluña, pero la consecuencia más duradera fue el establecimiento de un cordón sanitario alrededor del PP, de manera que se prohibían los pactos y acuerdos con dicho partido, por lo que el mismo solo podría gobernar si conseguía la mayoría absoluta en las correspondientes elecciones. En otro caso, se daba luz verde a los gobiernos tri, tetra, o pentapartitos enfrentados al PP, en España, Comunidades Autónomas, o Ayuntamientos.

La demonización del PP experimentó su momento álgido en el año 2006, con motivo de la elaboración del nuevo Estatuto de Autonomía para Cataluña, impulsada por el líder de los socialistas catalanes Pasqual Maragall, con la aquiescencia de CiU (ERC no estaba de acuerdo y finalmente optó por pedir el voto nulo) y la bendición del por entonces Presidente del Gobierno Español José Luis Rodríguez Zapatero, el cual pronunció la célebre frase: “Aceptaré todo lo que venga del Parlament“. El PP fue marginado de todo el procedimiento para la confección del texto estatutario y, una vez aprobado el Estatut mediante referéndum celebrado en Cataluña, optó por presentar recurso de inconstitucionalidad contra buena parte del articulado estatutario.

Dado que la presentación de este recurso ha sido utilizado por las fuerzas independentistas y sus aliados populistas para echar la culpa al PP del clima de resentimiento antiespañol en auge dentro de amplias capas de la población catalana, conviene dejar constancia de algunos hechos que, a menudo, no son tenidos en cuenta:

El recurso de inconstitucionalidad fue presentado, además de por el PP, por las siguientes instituciones: El Defensor del Pueblo (el líder socialista Enrique Múgica), y cinco Gobiernos Autonómicos, entre ellos, el ejecutivo socialista de Aragón.

Se achaca al PP, y se pretende deslegitimar al Tribunal Constitucional, por presentar el recurso y dictar sentencia, respectivamente, en contra de la voluntad manifestada por el pueblo catalán en la consulta que aprobó el Estatut.

En primer lugar, hay que destacar que el Estatut fue votado por el 49,4% del censo catalán, y obtuvo el voto favorable del 73,9% de los participantes en la consulta. Por ello, hay que cifrar en el 36% el apoyo de los ciudadanos catalanes hacia su norma estatutaria. Además, como hemos observado anteriormente, ERC (el principal partido beneficiado por el victimismo que nace del conflicto planteado con el nuevo Estatut) se decantó por pedir el voto nulo.

Por otra parte, los recursos contra normas jurídicas son instrumentos que cualquier sistema democrático otorga a las personas físicas y jurídicas en defensa de sus derechos, libertades e intereses legítimos, y pone en manos de los Tribunales de Justicia la valoración de las perspectivas jurídicas que mantienen los recurrentes. El/los recurso/s contra el Estatut elevan el grado de indignación de los independentistas porque el/los mismo/s se presentaron una vez aprobado el texto estatutario en consulta popular.

Ello no podía ser de otra manera, ya que en 1985 el Gobierno socialista de Felipe González propuso -y consiguió- la eliminación del recurso previo de inconstitucionalidad, el cual permitía la presentación de recursos contra normas estatutarias antes de su elevación a referéndum de los electores de la Comunidad Autónoma correspondiente. A partir de ese instante solo cabía presentar el recurso de inconstitucionalidad contra un Estatut que ya hubiese sido aprobado en referéndum. De ahí la fácil imputación al PP de ir en contra de #LaGente, en este caso, el pueblo de Cataluña (recordemos: el 36% de los ciudadanos catalanes con derecho a voto).

Y en eso, llegó Podemos

Surfeando sobre la ola de indignación ocasionada por el tsunami de la crisis económica y los casos de corrupción política, recogieron el lema de “No nos representan” dirigido hacia los partidos de la vieja política (“PSOE, PP, la misma cosa es”). En el camino, intentaron “abrir el candado de la Transición”, considerada como germen del denominado “Régimen del 78“, producto elaborado en el laboratorio sito en la caverna del Régimen de Franco.

Después de engullir a IU, las huestes de Pablo Iglesias tratan de efectuar el abrazo del oso al PSOE, encabezado por Pedro Sánchez, el líder que lanzó la campaña del “No es No” al objeto de evitar cualquier acuerdo o pacto con el PP, en cuanto renovación, a nivel estatal, del ya mencionado Pacte del Tinell, de ámbito catalán.

Mediante ofertas de formación de gobiernos de progreso, Podemos trata de desgarrar a un PSOE que se mueve entre su tradicional posicionamiento a favor del sistema constitucional español y una cierta equidistancia entre los afanes rupturistas con la Constitución del movimiento independentista catalán y del populismo, que pugna por iniciar un proceso constituyente después de derogar la Constitución Española del 78, en el camino de implantar la III República como clon de la II República, derrotada por un dictador que murió en la cama, de viejo.

En su ruta hacia la toma del poder en sus ámbitos respectivos, interesa a las fuerzas independentistas y populistas la identificación del PP con el Estado, pues de esta manera concitan a su favor las conciencias de aquellas personas que consideran al PP (el partido más votado en España y en la mayoría de Comunidades Autónomas), una fuerza de extrema derecha, franquista y reaccionaria. Así, el odio al PP se torna en odio a España y, por ello, a la democracia, al sistema constitucional que estableció el Estado Social y Democrático de Derecho.

Precisamente, la acción que simboliza la identificación que algunos realizan entre PP, franquismo y España, tuvo lugar -¡cómo no!- en el Parlament de Cataluña, donde la diputada de Catalunya Sí que es Pot, Àngels Martínez, retiró (con la parsimonia propia de la anciana que recoge la ropa tendida) las banderas españolas puestas por los diputados del PPC en sus escaños, antes de abandonar el plenario con motivo de la votación de la Ley del Referémdum.  Esta es una banderaque fue impuesta por la fuerza de las armas”, dijo la diputada podemita cuando se le interpeló por su acción.

De una tacada, se pretendía eliminar del Parlament al PP, al símbolo de España, a la España constitucional, es decir, todo aquello que cualquier progre, de forma automática, rechazará por considerarlo facha y, de paso, fortalecer la convergencia de intereses del movimiento populista con las fuerzas independentistas.

El problema reside en que con tanta simplificación de los postulados políticos, y con la banalización de la política que surge desde el odio al PP, acabemos por cargarnos la democracia.

 

(Fotografía: Expansión)

 

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Ana Oramas, #conValentía

Dicen que cada pueblo tiene los políticos que se merece, más si -en democracia- es el pueblo quien elige a los políticos que lo representan. En ese sentido, las Islas Canarias, también son las Islas Afortunas por tener a una líder política de la talla de Ana Oramas.

Diputada de una fuerza política como Coalición Canaria, siempre atenta a conseguir mejoras en el bienestar social del pueblo canario, y predispuesta a facilitar la gobernabilidad del Estado Español, Ana Oramas se posicionó a favor de la investidura fallida de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno de España, la cual no prosperó porque el grupo parlamentario de Podemos votó en contra de la misma, después de protagonizar largos y mediáticos paseíllos repletos de gente antitaurina y grandes piruetas ante la hoguera de las vanidades políticas.

Ana Oramas también se mostró favorable a la investidura de Mariano Rajoy, por el bien de Canarias y para salir del impasse en el que había caído la política española tras dos elecciones generales consecutivas ganadas por el PP con una mayoría insuficiente para gobernar en solitario. Dicho acuerdo se extendió a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, con lo que se contribuía a la estabilidad del Gobierno de España y se lograban importantes inversiones y diferentes beneficios a disfrutar por el pueblo canario (a lo que hay que añadir lo conseguido por el disputado, y favorable, voto del Sr. Quevedo de Nueva Canarias).

No otro es el posicionamiento político que cabe esperar de cualquier partido nacionalista de la periferia española: intentar conquistar el mayor número de apoyos entre amplios sectores de la sociedad en cuyo territorio están enraizados, luchar por el progreso económico, social y cultural de su pueblo, además de hacerse valer a la hora de garantizar la gobernabilidad del Estado, como forma de conseguir los recursos que hagan posible llevar a cabo los objetivos nacionalistas de cohesión y progreso social. Esta ha venido siendo la hoja de ruta del PNV, así como del CiU hasta la caída en el P(d)ECAT (de soberbia soberanista).

Ana Oramas se sienta a la izquierda del escaño del diputado de Compromís Joan Baldoví (o éste se sitúa a la derecha de la Sra. Oramas) pero, para desgracia del pueblo valenciano, la proximidad física de ambos diputados no se extiende al acercamiento político e ideológico de sus respectivas formaciones políticas:

  • Como ya hemos señalado, Coalición Canaria ha facilitado la formación del Gobierno del PP (tras intentar la consecución de un gobierno socialista) y ha votado favorablemente la Ley de los PGE 2017, a cambio de beneficios sustanciales para su Comunidad Autónoma. Por contra, Joan Baldoví y sus tres compañeros diputados de Compromís siempre se han mostrado enemigos del PP y de Rajoy, con lo que vuelven a tierras valencianas con las manos vacías y con la única propuesta en firme de “montar el pollo”, ante la discriminación que viene sufriendo el pueblo valenciano en materia de financiación autonómica e inversiones estatales, además de otros ninguneos históricos.
  • Joan Baldoví y Compromís actúan, más que como compañeros de viaje de Podemos, como acólitos disciplinados de la política populista y de las propuestas demagógicas de la formación morada. Ana Oramas, en cambio, con solo cinco minutos de intervención y dos minutos de réplica en el debate sobre la megalomoción de censura interpuesta por los partidarios de Pablo Iglesias (a mayor gloria de éste), desmontó de una sola tacada el machismo del líder podemita, admitido en lo políticamente correcto, así como la tramoya que se escondía ante la representación del puro teatro al que pretende llevar a la política española, con el intento de convertir las, generalmente discretas, Asambleas Parlamentarias en luminosos platós de televisión, y el debate político en mera tertulia mediática. Además, destapó la máscara de la demagogia de Pablemos al recriminarle que la única utilidad de la pretendida moción de censura solo buscaba el interés de su partido a costa de un todavía convaleciente PSOE: “Cuando Podemos pudo [durante la investidura de Pedro Sánchez], no quiso [votó en contra de la misma]. Y ahora que quiere [con la moción de censura], no puede” [solo obtuvo 82 votos: Podemos, ERC, EH-Bildu y, cómo no, Compromís].

¿Cuántos no nos sujetamos fuertemente al asiento en Valencia al escuchar las palabras expresadas con convicción y #convalentía por Ana Oramas? ¿Cuántos valencianos no desearon en ese momento tener una Oramas en su tierra?

Sin embargo, el pueblo valenciano (capaz de levantar enormes monumentos históricos y culturales, como la Muixeranga de Algemesí, el Misteri d’Elx, las Fallas de Valencia, les Fogueres de Alicante, les Gaiates de Castellón, los Moros i Cristians de Alcoi y otras poblaciones… de conservar instituciones centenarias y enraizadas en los pueblos como las Bandas de Música y milenarias como el Tribunal de las Aguas de la Huerta de Valencia) se muestra impotente a la hora de generar una fuerza política integradora de las diferentes sensibilidades sociales e ideológicas, firme en la defensa de los intereses del pueblo valenciano, y con capacidad de influencia en la gobernabilidad del Estado Español.

Esa fuerza pudo haber sido UPV-Bloc, pero no lo fue… Esa fuerza pudo haber sido Unió Valenciana, pero no lo fue… Esa fuerza podría ser Compromís (#ambValentia)… pero no lo será.

De esta manera, está garantizado que el pueblo valenciano continuará asumiendo el papel de pobre (con renta per cápita inferior a la media española) y pagano (contribuyente al sistema de financiación autonómica). Porque así ha sido y será… Porque siempre se nos ha tenido por más muelles… con toda la razón del mundo.

(Fuente de la fotografía: eldiario.es)

 

 

Cuatro Cosas que Podemos (y Debemos) Saber sobre la Constitución Española

1.- Franco murió en la cama. Ya sea por la fuerte represión tras la derrota en la Guerra Civil, su inveterada división y/o el conformismo de la mayoría del pueblo español, el paso de la dictadura franquista a la democracia se produjo como consecuencia del pacto entre los restos políticos del franquismo y los partidos demócratas opositores, para recorrer una vía pacífica que culminó con la entrada en vigor de la Constitución Española en 1978. Ante el actual reto independentista planteado por las fuerzas catalanistas y de izquierda, cabe recordar que en la elaboración del texto constitucional intervinieron dos Padres de la Constitución -de un total de siete- que eran catalanes: Miquel Roca i Junyent, del grupo catalán (CiU) y Jordi Solé Tura (PSUCPC, después PSCPSOE).

2.- La Constitución española  obtuvo el voto muy mayoritario del pueblo español. Como datos curiosos, a continuación se indican los resultados electorales del referéndum para la ratificación de la Constitución en las dos nacionalidades más guerrilleras y en aquella cuyo himno empieza con la archiconocida estrofa que dice así: “para ofrendar nuevas glorias a España”. Estos son los porcentajes:

  • Cataluña. Sí: 90,46%. No: 4,61%. Abstención: 32,09% (¿cabe mayor apoyo de un pueblo, identificado con la norma suprema?).
  • Euskadi. Sí: 69,81%. No: 23,53%. Abstención: 55,34% (el PNV optó por la abstención).
  • Comunidad Valenciana. Sí: 88,84%. No: 6,97%. Abstención: 25,86%.

Tal ha sido la identificación del nacionalismo catalán con el sistema constitucional, que aquel se constituyó como fuerza política determinante para la gobernabilidad del Estado (ya fuere con gobiernos del PSOE o del PP), por lo que obtuvo a cambio privilegios en materia de inversiones, mayor autonomía en materias de educación y tributaria, así como que el establecimiento de los sucesivos sistemas de financiación autonómica siempre se llevara a cabo con el plácet catalanista. Ahora que, con la crisis, vienen mal dadas… (Euskadi y Navarra, por su parte, ya van bien con sus conciertos económicos, tan insolidarios).

3.- La gente de esa época (por entonces ya había gente) votamos en un mismo lote la Monarquía Parlamentaria, como forma de gobierno; el Estado Social y Democrático de Derecho; la unidad de España y el Estado Autonómico. Con ello, se deseaba encarar un futuro de esperanza y relegar para la Historia la Guerra Civil, la dictadura franquista y la añoranza del sistema democrático de la República plagada de divisiones sociopolíticas y de hechos políticos violentos.

4.- Como consecuencia de los efectos nocivos de la crisis económica, las fuerzas nacidas del movimiento de la indignación mediática, en coalición con el oportunismo secesionista y sus comprensivos aliados, alzan la voz sobre la necesidad de llevar a cabo una reforma en profundidad de la Constitución (cuando no enmendarla en su totalidad). Al respecto, se puede constatar:

  1. La Constitución española establece los sistemas para llevar a cabo su reforma, los cuales precisan de amplios consensos parlamentarios.
  2. En la mayoría de las ocasiones, más que de reformas constitucionales, hace falta poner los recursos necesarios para hacer efectivas las disposiciones que garantizan derechos individuales y colectivos, como por ejemplo:
  • Acceso a una vivienda y a un trabajo dignos
  • Independencia y funcionamiento eficaz del Poder Judicial.
  • Financiación autonómica (el bochornoso caso de la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana lo trato más en profundidad en la entrada Ni financiación, ni RTVV, ni ministros: El pueblo valenciano, fuera de la Constitución: http://wp.me/p4n4JW-h9 ).
  • Descentralización del Estado para evitar duplicidades administrativas y hacer más eficiente el sistema.
  • Solidaridad interterritorial que ponga sobre el tapete autonómico no solo el trasvase de dinero de las Comunidades ricas a las pobres, sino también de recursos físicos tan vitales como el agua, por ejemplo.

[5. Si hay alguien ahí, y que desee profundizar en el debate sobre la reforma constitucional, encontrará una sucinta propuesta en la entrada Se les está pasando el arroz (a #JuntspelSeny, de la Tierra Media): http://wp.me/p5yGMp-3P ].