Los momentos culminantes del procés hacia la independencia de Cataluña dejan al descubierto el movimiento convergente de las diferentes hojas de ruta políticas, tendentes a estigmatizar al PP como el partido de la derecha recalcitrante heredera del franquismo y, como consecuencia de ello, a marginarlo del escenario político.
El pistoletazo de salida tuvo lugar con el denominado Pacte del Tinell, suscrito en el mes de diciembre de 2003 por el PSC, ERC y ICV-EUiA, que dio origen al Govern del tripartito. Su objetivo era conquistar el poder en Cataluña, pero la consecuencia más duradera fue el establecimiento de un cordón sanitario alrededor del PP, de manera que se prohibían los pactos y acuerdos con dicho partido, por lo que el mismo solo podría gobernar si conseguía la mayoría absoluta en las correspondientes elecciones. En otro caso, se daba luz verde a los gobiernos tri, tetra, o pentapartitos enfrentados al PP, en España, Comunidades Autónomas, o Ayuntamientos.
La demonización del PP experimentó su momento álgido en el año 2006, con motivo de la elaboración del nuevo Estatuto de Autonomía para Cataluña, impulsada por el líder de los socialistas catalanes Pasqual Maragall, con la aquiescencia de CiU (ERC no estaba de acuerdo y finalmente optó por pedir el voto nulo) y la bendición del por entonces Presidente del Gobierno Español José Luis Rodríguez Zapatero, el cual pronunció la célebre frase: «Aceptaré todo lo que venga del Parlament«. El PP fue marginado de todo el procedimiento para la confección del texto estatutario y, una vez aprobado el Estatut mediante referéndum celebrado en Cataluña, optó por presentar recurso de inconstitucionalidad contra buena parte del articulado estatutario.
Dado que la presentación de este recurso ha sido utilizado por las fuerzas independentistas y sus aliados populistas para echar la culpa al PP del clima de resentimiento antiespañol en auge dentro de amplias capas de la población catalana, conviene dejar constancia de algunos hechos que, a menudo, no son tenidos en cuenta:
El recurso de inconstitucionalidad fue presentado, además de por el PP, por las siguientes instituciones: El Defensor del Pueblo (el líder socialista Enrique Múgica), y cinco Gobiernos Autonómicos, entre ellos, el ejecutivo socialista de Aragón.
Se achaca al PP, y se pretende deslegitimar al Tribunal Constitucional, por presentar el recurso y dictar sentencia, respectivamente, en contra de la voluntad manifestada por el pueblo catalán en la consulta que aprobó el Estatut.
En primer lugar, hay que destacar que el Estatut fue votado por el 49,4% del censo catalán, y obtuvo el voto favorable del 73,9% de los participantes en la consulta. Por ello, hay que cifrar en el 36% el apoyo de los ciudadanos catalanes hacia su norma estatutaria. Además, como hemos observado anteriormente, ERC (el principal partido beneficiado por el victimismo que nace del conflicto planteado con el nuevo Estatut) se decantó por pedir el voto nulo.
Por otra parte, los recursos contra normas jurídicas son instrumentos que cualquier sistema democrático otorga a las personas físicas y jurídicas en defensa de sus derechos, libertades e intereses legítimos, y pone en manos de los Tribunales de Justicia la valoración de las perspectivas jurídicas que mantienen los recurrentes. El/los recurso/s contra el Estatut elevan el grado de indignación de los independentistas porque el/los mismo/s se presentaron una vez aprobado el texto estatutario en consulta popular.
Ello no podía ser de otra manera, ya que en 1985 el Gobierno socialista de Felipe González propuso -y consiguió- la eliminación del recurso previo de inconstitucionalidad, el cual permitía la presentación de recursos contra normas estatutarias antes de su elevación a referéndum de los electores de la Comunidad Autónoma correspondiente. A partir de ese instante solo cabía presentar el recurso de inconstitucionalidad contra un Estatut que ya hubiese sido aprobado en referéndum. De ahí la fácil imputación al PP de ir en contra de #LaGente, en este caso, el pueblo de Cataluña (recordemos: el 36% de los ciudadanos catalanes con derecho a voto).
Y en eso, llegó Podemos…
Surfeando sobre la ola de indignación ocasionada por el tsunami de la crisis económica y los casos de corrupción política, recogieron el lema de «No nos representan» dirigido hacia los partidos de la vieja política («PSOE, PP, la misma cosa es»). En el camino, intentaron «abrir el candado de la Transición», considerada como germen del denominado «Régimen del 78«, producto elaborado en el laboratorio sito en la caverna del Régimen de Franco.
Después de engullir a IU, las huestes de Pablo Iglesias tratan de efectuar el abrazo del oso al PSOE, encabezado por Pedro Sánchez, el líder que lanzó la campaña del «No es No» al objeto de evitar cualquier acuerdo o pacto con el PP, en cuanto renovación, a nivel estatal, del ya mencionado Pacte del Tinell, de ámbito catalán.
Mediante ofertas de formación de gobiernos de progreso, Podemos trata de desgarrar a un PSOE que se mueve entre su tradicional posicionamiento a favor del sistema constitucional español y una cierta equidistancia entre los afanes rupturistas con la Constitución del movimiento independentista catalán y del populismo, que pugna por iniciar un proceso constituyente después de derogar la Constitución Española del 78, en el camino de implantar la III República como clon de la II República, derrotada por un dictador que murió en la cama, de viejo.
En su ruta hacia la toma del poder en sus ámbitos respectivos, interesa a las fuerzas independentistas y populistas la identificación del PP con el Estado, pues de esta manera concitan a su favor las conciencias de aquellas personas que consideran al PP (el partido más votado en España y en la mayoría de Comunidades Autónomas), una fuerza de extrema derecha, franquista y reaccionaria. Así, el odio al PP se torna en odio a España y, por ello, a la democracia, al sistema constitucional que estableció el Estado Social y Democrático de Derecho.
Precisamente, la acción que simboliza la identificación que algunos realizan entre PP, franquismo y España, tuvo lugar -¡cómo no!- en el Parlament de Cataluña, donde la diputada de Catalunya Sí que es Pot, Àngels Martínez, retiró (con la parsimonia propia de la anciana que recoge la ropa tendida) las banderas españolas puestas por los diputados del PPC en sus escaños, antes de abandonar el plenario con motivo de la votación de la Ley del Referémdum. Esta es una bandera «que fue impuesta por la fuerza de las armas», dijo la diputada podemita cuando se le interpeló por su acción.
De una tacada, se pretendía eliminar del Parlament al PP, al símbolo de España, a la España constitucional, es decir, todo aquello que cualquier progre, de forma automática, rechazará por considerarlo facha y, de paso, fortalecer la convergencia de intereses del movimiento populista con las fuerzas independentistas.
El problema reside en que con tanta simplificación de los postulados políticos, y con la banalización de la política que surge desde el odio al PP, acabemos por cargarnos la democracia.
(Fotografía: Firma del Pacte del Tinell, rtve.es)
Espiral de indignación 