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Cuando #LaGente se mete en política

El Estado de las Autonomías es uno de los pilares en los que se sustenta el sistema constitucional español. Las autonomías fueron erigidas como reivindicación política de los derechos de las comunidades históricas, y en cuanto Administraciones Públicas más próximas al ciudadano, potenciadoras y coordinadoras de las Administraciones más cercanas, los municipios.

Como secuela de la profunda crisis económica, ha sido puesto en cuestión este Estado de las Autonomías, pues han salido a flote sus disfuncionalidades y algunas personas con mentalidad centralista han intentado imputarles los problemas del déficit y de la deuda públicos, aunque el ataque más fuerte contra ese Estado está protagonitado por el movimiento independentista catalàn.

Es cierto que el desarrollo del sistema autonómico ha generado una serie de sinergias negativas, como pueden ser la excesiva competitividad que se ha establecido entre las diferentes autonomías, a los efectos de acaparar competencias y recursos públicos, lo que ha llevado a un estado generalizado en el que imperan las reclamaciones por supuestos agravios comparativos que, en general, conducen al sentimiento del victimismo.

El transcurso del tiempo nos da una imagen del proceso autonómico según la cual, con la aprobación de la Constitución Española de 1978 y los Estatutos de Autonomía que le siguieron, se habría dado el pistoletazo de salida en la competición por equipos autonómicos, hacia la mayor acumulación posible de competencias y poder territorial, aunque fuera a costa de perder de vista la necesaria solidaridad entre los pueblos hispánicos, producto de los imprescindibles acuerdos y pactos entre los entes autonómicos y el Estado.

Así, hemos llegado a una situación en la que, a consecuencia de la crisis económica, conviven un sistema de financiación injusto y un (no) reparto de los recursos que pertenecen a todos (el agua, por ejemplo). En este sentido, es conveniente recordar cómo las asociaciones de regantes y usuarios, principales interesados en la buena gestión del agua, como bien común, llegaron a acuerdos para la concreción del Plan Hidrológico Nacional a través del trasvase de aguas del río Ebro. Acuerdos que fueron ignorados por el Gobierno de Zapatero a la hora de derogar los artículos de la Ley del PHN que contemplaban dicho trasvase.

Intereses partidistas y empoderamiento de determinados gobiernos autonómicos amigos, se impusieron al consenso y a la resolución de problemas estructurales graves de otras autonomías, consideradas como enemigas políticas (de diferente signo partidario) y, por lo tanto, víctimas propiciatorias de los pactos alcanzados entre los partidos que sustentaban al Gobierno de España y a las Comunidades Autónomas beneficiarias.

Aunque pueda parecer un contrasentido, es posible que la mayor facilidad para llegar a acuerdos en el seno de los diferentes sectores de la sociedad civil -en comparación con los partidos políticos-, se deba a que las organizaciones ciudadanas persiguen aquello que los autores de La urna rota califican como ‘intereses contrapuestos‘, con los que se pueden enhebrar transacciones y pactos, en lugar de la utópica persecución de un ‘interés general‘ en cuanto “ilusión metafísica en la que se refugia el legislador” que, a menudo, esconde meros intereses de partido. En determinados momentos es conveniente romper las amarras de los intereses partidistas, tejidos con la pulsión de conquista y mantenimiento del poder, así como para el establecimiento de alianzas con las fuerzas que les pueden ayudar en ese objetivo, a su vez enrocadas en sus propios intereses partidistas, por lo que resulta difícil salir de esa espiral que gira en torno al ombligo donde se miran los partidos.

Así, podemos afrontar los desequilibrios políticos y territoriales más allá del prisma político partidista -aunque sin voluntad de sustituirlo-, desde la perspectiva de la vertebración de la sociedad civil, a los efectos de darle la vuelta a la tortilla organizativa del Estado y conseguir un mejor ordenamiento jurídico y práctico en materia de régimen electoral, financiación, distribución de recursos públicos y transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública y de los partidos políticos, así como el fortalecimiento de esa sociedad civil que, a estas alturas de la corrida constitucional, aún no parece haber alcanzado la mayoría de edad para llegar a ser sujeto consciente y responsable, activo y determinante en la adopción del rumbo hacia el que debe dirigir sus pasos la sociedad española.

Es evidente que la sociedad civil se vertebra a través de vías organizativas y comunicacionales, tanto informales como formales. La omnipresencia de las redes sociales ha de facilitar la vertebración de la sociedad civil, sobre todo entre los sectores con perfiles semejantes [Vid. artículo ¿Dónde va #LaGente?] y dentro del ámbito más informal, sin descartar su utilización en las estructuras formales (estables).

Como antes hemos dicho, la vertebración para la participación de la ciudadanía en el ámbito socio-político, ha de sustentarse en la base del municipio, en cuanto entidad pública más cercana al ciudadano, para -a través de las entidades supramunicipales como las mancomunidades y comarcas, obtener una vertebración estable de la sociedad civil, siempre conectada y siempre dispuesta a ser colaboradora y crítica con la Administración Autonómica correspondiente. (Por cierto, el papel que han de jugar, o no, las Diputaciones Provinciales, podría ser objeto de discusión).

Una vez conseguida esta estructuración autonómica ciudadana, debe favorecerse el engarce de la estructura autonómica con el Estado. Ahí, tal vez, podría jugar un papel relevante el Senado, esa institución que no acaba de encontrar un lugar claro en el organigrama salido de la Constitución, a pesar de ser concebido como órgano de representación territorial. El establecimiento de los foros adecuados para la coordinación de los diferentes territorios -en cuanto espacios habitados por ciudadanos, con culturas e intereses propios y, muchas veces, enfrentados-, podría ser una de sus competencias más importantes.

(Fotografía: Official Press. Plantà al tomb de la falla municipal de València 2017)

Transparencia contra la corrupción

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“La gente tiene que creer en el gobernante y confiar en él; cuando confía, le concede una medida de libertad para actuar sin constante vigilancia o control. A falta de esa autonomía, nunca podría ponerse en marcha”.
Richard Sennett, El respeto.

La crisis socioeconómica actual, ha generado una serie de fenómenos que, aunque ya estaban latentes con anterioridad, han pasado a primer plano en el listado de preocupaciones de nuestra sociedad:

·El afloramiento de casos de  corrupción  derivados de la época de bonanza económica y la consiguiente  desconfianza en la clase política, convertida en casta, marcan de una manera clara la hoja de ruta de la política de nuestro tiempo. Las dificultades para alcanzar un  acuerdo de investidura a Presidente del Gobierno de España  (no digamos de gobernabilidad), por las medidas a aplicar en materia de corrupción, son un claro ejemplo de ello.

·Junto con los principales problemas ocasionados por la recesión económica, como son el fuerte incremento del  paro  y el aumento de la  desigualdad social, y la  precariedad  de muchas familias.

Así como las medidas para hacer disminuir el nivel de desempleo, se circunscriben a medidas políticas que tienen una fuerte componente técnica en materia económica y jurídica, por lo que no tienen un papel relevante en cuanto a presencia en los medios de comunicación, los casos de corrupción y las soluciones que se proponen para erradicarla, han devenido en las estrellas más mediáticas: copan los espacios informativos y los programas de  tertulia política, que parecen seguir el guión de cualquier  Salvemos de luxe.

La corrupción genera morbo, y el morbo es noticia. Y como los principales protagonistas de la corrupción son los políticos (junto con la imprescindible ayuda de empresarios), la posición de  la clase política se ve cada día más debilitada  ante los ojos de la opinión pública, que se siente engañada por la casta, lo que comporta la pérdida de confianza en sus -hasta hace bien poco-  legítimos representantes políticos.

Y para combatir la corrupción, nada mejor que la implantación de una política firme en materia de  transparencia. En ese sentido, el  Gobierno de España  ha sacado adelante la denominada Ley de Transparencia, al objeto de dar respuesta a la demanda de la opinión pública -y publicada-, aunque ya se oyen voces críticas sobre la idoneidad de dicha norma para atajar la corrupción “de raíz”. De todas las maneras, los autores de La urna rota, afirman que, si bien “es cierto que ha habido un número considerable de casos de corrupción en nuestro país, la evidencia empírica sugiere que somos pesimistas. De hecho, la situación no es tan mala como pensamos, comparada con la de los países de nuestro entorno”.

Según el filósofo  Byung-Chul Han, en el libro La sociedad de la transparencia, la exigencia de transparencia se hace oír cuando la gente ha perdido la confianza en sus políticos y, tal como señala  Sennett, esa situación impide a los mismos el ejercicio necesario de la  autonomía  para poder realizar sus funciones. Así, cuanta más transparencia se reclama, mayor es la debilidad de la clase política. Y  quienes más proclaman la necesidad de mayor transparencia son los medios de comunicación, interesados en ello por los siguientes motivos:

1.- Les facilita su labor de  investigación  y  afloramiento de nuevos casos de corrupción, con lo que se eleva el nivel de morbo en la sociedad.

2.- Se  incrementa su potencial de coacción y control sobre la clase política. Para  Han, “esta coacción sistémica convierte a la sociedad de la transparencia en una sociedad uniformada. En eso consiste su rasgo totalitario”.

3.- La posición de los políticos se ve cada vez más debilitada, lo que comporta una  mayor dependencia de los planes e intereses (políticos y crematísticos) de los medios de comunicación, en cuanto empresas privadas y portavoces privilegiados de la clase capitalista.

Tal vez por ello, Han señala que “la transparencia forzosa estabiliza muy efectivamente el sistema dado. La transparencia es en sí positiva. No mora en ella aquella negatividad que pudiera cuestionar de manera radical el sistema económico-político que está dado […] Solo es por entero transparente el espacio despolitizado. La política sin referencia degenera, convirtiéndose en  referendum“. En consecuencia, “la política cede el paso a la administración de necesidades sociales, que deja intacto el marco de relaciones socioeconómicas ya existentes y se afinca allí”.

Una vez generada la  necesidad  de transparencia, su expansión parece imparable. Está claro, que a los medios de comunicación nunca les parecerán suficientes las medidas sobre transparencia, de ahí, las críticas a las medidas contempladas en la  Ley de Transparencia. Queda por saber si su evolución también seguirá el modelo de las  burbujas, y que llegará un punto en el que se pinche.

Tampoco podemos pasar por alto que el fenómeno de la transparencia política está inserto en el marco global de una sociedad transparente, dominada por las  empresas punteras en tecnología digital  que, a través del  big data,  Internet   y de las  redes sociales, controlan cada vez más nuestros datos personales, al objeto de facilitar las transacciones económicas y los negocios.

Reclamamos más transparencia a nuestro sistema político y no pensamos que tal vez esta actitud sea el eco de la ambición de  Facebook, Amazon, Google  y del resto de  buscadores  y empresas cuyo principal capital es el  big data, en crear una sociedad cada vez más transparente para hacernos cada vez más visibles , al objeto de poder  controlar nuestras huellas sociales  y colocarnos sus productos.

Cabe que nos preguntemos: ¿Hay vida política más allá de la demanda de transparencia? ¿La demanda de transparencia agota el listado de las reivindicaciones políticas? ¿Volveremos a depositar la confianza en nuestros legítimos representantes políticos?

(Ilustración:  La nena wapa, wapa. Graffiti en el Parque de Marxalenes, Valencia)