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Cuando #LaGente se mete en política

El Estado de las Autonomías es uno de los pilares en los que se sustenta el sistema constitucional español. Las autonomías fueron erigidas como reivindicación política de los derechos de las comunidades históricas, y en cuanto Administraciones Públicas más próximas al ciudadano, potenciadoras y coordinadoras de las Administraciones más cercanas, los municipios.

Como secuela de la profunda crisis económica, ha sido puesto en cuestión este Estado de las Autonomías, pues han salido a flote sus disfuncionalidades y algunas personas con mentalidad centralista han intentado imputarles los problemas del déficit y de la deuda públicos, aunque el ataque más fuerte contra ese Estado está protagonitado por el movimiento independentista catalàn.

Es cierto que el desarrollo del sistema autonómico ha generado una serie de sinergias negativas, como pueden ser la excesiva competitividad que se ha establecido entre las diferentes autonomías, a los efectos de acaparar competencias y recursos públicos, lo que ha llevado a un estado generalizado en el que imperan las reclamaciones por supuestos agravios comparativos que, en general, conducen al sentimiento del victimismo.

El transcurso del tiempo nos da una imagen del proceso autonómico según la cual, con la aprobación de la Constitución Española de 1978 y los Estatutos de Autonomía que le siguieron, se habría dado el pistoletazo de salida en la competición por equipos autonómicos, hacia la mayor acumulación posible de competencias y poder territorial, aunque fuera a costa de perder de vista la necesaria solidaridad entre los pueblos hispánicos, producto de los imprescindibles acuerdos y pactos entre los entes autonómicos y el Estado.

Así, hemos llegado a una situación en la que, a consecuencia de la crisis económica, conviven un sistema de financiación injusto y un (no) reparto de los recursos que pertenecen a todos (el agua, por ejemplo). En este sentido, es conveniente recordar cómo las asociaciones de regantes y usuarios, principales interesados en la buena gestión del agua, como bien común, llegaron a acuerdos para la concreción del Plan Hidrológico Nacional a través del trasvase de aguas del río Ebro. Acuerdos que fueron ignorados por el Gobierno de Zapatero a la hora de derogar los artículos de la Ley del PHN que contemplaban dicho trasvase.

Intereses partidistas y empoderamiento de determinados gobiernos autonómicos amigos, se impusieron al consenso y a la resolución de problemas estructurales graves de otras autonomías, consideradas como enemigas políticas (de diferente signo partidario) y, por lo tanto, víctimas propiciatorias de los pactos alcanzados entre los partidos que sustentaban al Gobierno de España y a las Comunidades Autónomas beneficiarias.

Aunque pueda parecer un contrasentido, es posible que la mayor facilidad para llegar a acuerdos en el seno de los diferentes sectores de la sociedad civil -en comparación con los partidos políticos-, se deba a que las organizaciones ciudadanas persiguen aquello que los autores de La urna rota califican como ‘intereses contrapuestos‘, con los que se pueden enhebrar transacciones y pactos, en lugar de la utópica persecución de un ‘interés general‘ en cuanto “ilusión metafísica en la que se refugia el legislador” que, a menudo, esconde meros intereses de partido. En determinados momentos es conveniente romper las amarras de los intereses partidistas, tejidos con la pulsión de conquista y mantenimiento del poder, así como para el establecimiento de alianzas con las fuerzas que les pueden ayudar en ese objetivo, a su vez enrocadas en sus propios intereses partidistas, por lo que resulta difícil salir de esa espiral que gira en torno al ombligo donde se miran los partidos.

Así, podemos afrontar los desequilibrios políticos y territoriales más allá del prisma político partidista -aunque sin voluntad de sustituirlo-, desde la perspectiva de la vertebración de la sociedad civil, a los efectos de darle la vuelta a la tortilla organizativa del Estado y conseguir un mejor ordenamiento jurídico y práctico en materia de régimen electoral, financiación, distribución de recursos públicos y transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública y de los partidos políticos, así como el fortalecimiento de esa sociedad civil que, a estas alturas de la corrida constitucional, aún no parece haber alcanzado la mayoría de edad para llegar a ser sujeto consciente y responsable, activo y determinante en la adopción del rumbo hacia el que debe dirigir sus pasos la sociedad española.

Es evidente que la sociedad civil se vertebra a través de vías organizativas y comunicacionales, tanto informales como formales. La omnipresencia de las redes sociales ha de facilitar la vertebración de la sociedad civil, sobre todo entre los sectores con perfiles semejantes [Vid. artículo ¿Dónde va #LaGente?] y dentro del ámbito más informal, sin descartar su utilización en las estructuras formales (estables).

Como antes hemos dicho, la vertebración para la participación de la ciudadanía en el ámbito socio-político, ha de sustentarse en la base del municipio, en cuanto entidad pública más cercana al ciudadano, para -a través de las entidades supramunicipales como las mancomunidades y comarcas, obtener una vertebración estable de la sociedad civil, siempre conectada y siempre dispuesta a ser colaboradora y crítica con la Administración Autonómica correspondiente. (Por cierto, el papel que han de jugar, o no, las Diputaciones Provinciales, podría ser objeto de discusión).

Una vez conseguida esta estructuración autonómica ciudadana, debe favorecerse el engarce de la estructura autonómica con el Estado. Ahí, tal vez, podría jugar un papel relevante el Senado, esa institución que no acaba de encontrar un lugar claro en el organigrama salido de la Constitución, a pesar de ser concebido como órgano de representación territorial. El establecimiento de los foros adecuados para la coordinación de los diferentes territorios -en cuanto espacios habitados por ciudadanos, con culturas e intereses propios y, muchas veces, enfrentados-, podría ser una de sus competencias más importantes.

(Fotografía: Official Press. Plantà al tomb de la falla municipal de València 2017)

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Una democracia virtual y ‘trumposa’

En esta época que nos ha tocado vivir constatamos fenómenos políticos y mediáticos como los encarnados en  Silvio Berlusconi, primero, y  Donald Trump, últimamente. Son personas carismáticas procedentes del mundo empresarial y con una fuerte presencia en los medios de comunicación, tanto en lo que respecta a su propiedad como en lo referente a la presencia en los mismos. Con ello, y  transmitiendo mensajes que masajean los oídos de la gente -más o menos indignada con la clase política tradicional-, han conseguido el máximo poder político en sus países.

Paradójicamente, estos magnates (conservadores) de la empresa y la política internacional han  acabado unidos, por los rayos catódicos, a otros líderes mediáticos, por ejemplo, a los del partido de los indignados españoles (¿de izquierdas?, ¿socialdemócratas?, ¿de los de abajo?, ¿transversales?), es decir, Podemos.

Ante estos fenómenos de la vida política y mediática, hemos de preguntarnos: ¿Estamos asistiendo a la construcción de una realidad político-mediática virtual, o de política-plasma, alternativa al sistema político actual?

Porque, inmersos como estamos en la sociedad de la información, los líderes políticos que saben utilizar los resortes que dirigen aquella (radio, televisión y redes sociales) consiguen los objetivos que se proponen, desde una fuerte presencia institucional hasta la obtención de la presidencia de gobiernos de países importantes. De esta manera, Berlusconi consiguió ser Presidente de Italia, como ahora Trump ha logrado la Presidencia de los Estados Unidos. Del mismo modo, no se puede entender la emergencia en el ámbito político español de Podemos, si no tenemos en cuenta la omnipresencia de dicho partido en los medios de comunicación, fundamentalmente la televisión.

En este sentido, y centrándonos en la realidad española, parece que  los principales medios de comunicación privados y determinadas fuerzas políticas emergentes, entre las cuales destaca Podemos, están enfrascados en la consolidación de una realidad virtual paralela a la de la política real, aquella que se despliega en el Congreso y el Senado, además de en los distintos parlamentos autonómicos, ayuntamientos, diputaciones provinciales, sedes de los partidos políticos, etc. Se trata de un fenómeno hermano del que representa la economía virtual (o especulativa), respecto de la economía real, y que tantos quebraderos de cabeza está causando a la clase política y, principalmente, al ciudadano de a pie (buena parte de los economistas consideran a la crisis financiera como causa detonante de la crisis económica actual).

Tanto la una (la economía virtual), como la otra (la política virtual) funcionan con un mecanismo propio generador de burbujas (fuertes expansiones que las alejan de los parámetros reales) que, cuando alcanzan determinados niveles de saturación, se pinchan. En ese preciso instante, los signos de la realidad se imponen y se destruyen los castillos de naipes con los que se ha jugado la partida de la realidad virtual.

También es común a las virtualidades económicas y políticas el fenómeno de expansión por contagio viral: transmisión exponencial de los datos a través de los sistemas de información dominados por el Big Data y las redes sociales.

Mas, en la realidad virtual política, se ha llevado el Gato el Agua la nueva generación de políticos que provienen, en buena parte, del colectivo de los  indignados, pronto convertidos en casta-plasma, por mor de su omnipresencia en los  medios de comunicación de titularidad privada y, de rebote, por contagio viral, en los mass media públicos. Así puede explicarse que, antes de la fundación de Podemos, su futuro líder  Pablo Iglesias  ya actuara como auténtico  superstar en los principales canales de televisión privada. Después se produjo la presencia mediática de otros líderes de su movimiento como  Tania Sánchez, para a continuación -con la creación de Podemos como partido político- intensificar la visualización de esta organización recién nacida.

Ello ayuda a explicar el crecimiento exponencial de esta fuerza política, a partir del logro de cinco representantes elegidos por el pueblo en la elecciones al Parlamento Europeo de 2014 (conseguidos, por cierto, con un programa que prometía el oro y el moro, como la jubilación a los 60 años, y que acarició los oídos de 1.250.000 votantes españoles, sensibles a los efectos nefastos de la crisis e inclinados a señalar como culpables de la misma a la clase política real, ahora transformada en “casta”).

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Y, en este nuevo terreno de juego virtual, las apariciones televisivas y las encuestas (con datos de lo mas variado y fluctuante; como hechas a medida) pretenden sustituir a las urnas, esas cajas transparentes con ranura en su parte superior, en las que se recoge el voto secreto que ha de elegir a las personas que “SÍ nos representan” en las instituciones donde reside la soberanía nacional y la voluntad del cuerpo electoral.

No debe extrañarnos que el fenómeno de la política virtual prolifere en esta  sociedad del espectáculo que nos ha tocado vivir, donde predominan las actitudes infantiloides de buena parte de la ciudadanía -que tan solo anhela la diversión y el entretenimiento-, como causa o efecto, entre otras cosas, de que los niños se han convertido en los “Reyes de la casa”.

Pues, a pesar de que parece existir una gran efervescencia social y política, esta sociedad manifiesta una gran carencia de sentido de responsabilidad respecto de la marcha de la sociedad y de compromiso político, sindical y civil; en realidad son colectivos bastante reducidos en número los que bajan a la arena político-social. La calle, siempre es una inmensa minoría respecto de la gente, aunque los dueños de aquella, a menudo, se erigen en representantes de esta, y  los medios de comunicación se manifiestan como la caja de resonancia de ese ruido social. El resto de la población se limita a ver los programas televisivos donde se representan las contiendas políticas en forma de debates y tertulias -si puede ser- bien subidas de tono, pero en las que  la sangre nunca llega al río.

Al final,  el máximo esfuerzo realizado por la gran mayoría de los ciudadanos en materia política, consiste en dirigir el dedo acusador contra la casta (apacible chivo expiatorio en el que se concentran todos los males y todas las culpas), dar pábulo a sus desmanes (casos de corrupción realizados por algunos de sus representantes durante la época de bonanza económica), en los círculos de amistad y de trabajo, así como en las redes sociales. Y contar chistes, muchos chistes; y transmitir muchos  memes en las redes sociales, en los que las víctimas de la chanza son aquéllos que “SÍ nos representan” (como mínimo, hasta que dejen de representarnos, si así lo decidimos las personas que depositamos una papeleta en una caja transparente, con ranura en su parte superior, y que damos en llamar “urna”).