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Cuando #LaGente se mete en política

El Estado de las Autonomías es uno de los pilares en los que se sustenta el sistema constitucional español. Las autonomías fueron erigidas como reivindicación política de los derechos de las comunidades históricas, y en cuanto Administraciones Públicas más próximas al ciudadano, potenciadoras y coordinadoras de las Administraciones más cercanas, los municipios.

Como secuela de la profunda crisis económica, ha sido puesto en cuestión este Estado de las Autonomías, pues han salido a flote sus disfuncionalidades y algunas personas con mentalidad centralista han intentado imputarles los problemas del déficit y de la deuda públicos, aunque el ataque más fuerte contra ese Estado está protagonitado por el movimiento independentista catalàn.

Es cierto que el desarrollo del sistema autonómico ha generado una serie de sinergias negativas, como pueden ser la excesiva competitividad que se ha establecido entre las diferentes autonomías, a los efectos de acaparar competencias y recursos públicos, lo que ha llevado a un estado generalizado en el que imperan las reclamaciones por supuestos agravios comparativos que, en general, conducen al sentimiento del victimismo.

El transcurso del tiempo nos da una imagen del proceso autonómico según la cual, con la aprobación de la Constitución Española de 1978 y los Estatutos de Autonomía que le siguieron, se habría dado el pistoletazo de salida en la competición por equipos autonómicos, hacia la mayor acumulación posible de competencias y poder territorial, aunque fuera a costa de perder de vista la necesaria solidaridad entre los pueblos hispánicos, producto de los imprescindibles acuerdos y pactos entre los entes autonómicos y el Estado.

Así, hemos llegado a una situación en la que, a consecuencia de la crisis económica, conviven un sistema de financiación injusto y un (no) reparto de los recursos que pertenecen a todos (el agua, por ejemplo). En este sentido, es conveniente recordar cómo las asociaciones de regantes y usuarios, principales interesados en la buena gestión del agua, como bien común, llegaron a acuerdos para la concreción del Plan Hidrológico Nacional a través del trasvase de aguas del río Ebro. Acuerdos que fueron ignorados por el Gobierno de Zapatero a la hora de derogar los artículos de la Ley del PHN que contemplaban dicho trasvase.

Intereses partidistas y empoderamiento de determinados gobiernos autonómicos amigos, se impusieron al consenso y a la resolución de problemas estructurales graves de otras autonomías, consideradas como enemigas políticas (de diferente signo partidario) y, por lo tanto, víctimas propiciatorias de los pactos alcanzados entre los partidos que sustentaban al Gobierno de España y a las Comunidades Autónomas beneficiarias.

Aunque pueda parecer un contrasentido, es posible que la mayor facilidad para llegar a acuerdos en el seno de los diferentes sectores de la sociedad civil -en comparación con los partidos políticos-, se deba a que las organizaciones ciudadanas persiguen aquello que los autores de La urna rota califican como ‘intereses contrapuestos‘, con los que se pueden enhebrar transacciones y pactos, en lugar de la utópica persecución de un ‘interés general‘ en cuanto “ilusión metafísica en la que se refugia el legislador” que, a menudo, esconde meros intereses de partido. En determinados momentos es conveniente romper las amarras de los intereses partidistas, tejidos con la pulsión de conquista y mantenimiento del poder, así como para el establecimiento de alianzas con las fuerzas que les pueden ayudar en ese objetivo, a su vez enrocadas en sus propios intereses partidistas, por lo que resulta difícil salir de esa espiral que gira en torno al ombligo donde se miran los partidos.

Así, podemos afrontar los desequilibrios políticos y territoriales más allá del prisma político partidista -aunque sin voluntad de sustituirlo-, desde la perspectiva de la vertebración de la sociedad civil, a los efectos de darle la vuelta a la tortilla organizativa del Estado y conseguir un mejor ordenamiento jurídico y práctico en materia de régimen electoral, financiación, distribución de recursos públicos y transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública y de los partidos políticos, así como el fortalecimiento de esa sociedad civil que, a estas alturas de la corrida constitucional, aún no parece haber alcanzado la mayoría de edad para llegar a ser sujeto consciente y responsable, activo y determinante en la adopción del rumbo hacia el que debe dirigir sus pasos la sociedad española.

Es evidente que la sociedad civil se vertebra a través de vías organizativas y comunicacionales, tanto informales como formales. La omnipresencia de las redes sociales ha de facilitar la vertebración de la sociedad civil, sobre todo entre los sectores con perfiles semejantes [Vid. artículo ¿Dónde va #LaGente?] y dentro del ámbito más informal, sin descartar su utilización en las estructuras formales (estables).

Como antes hemos dicho, la vertebración para la participación de la ciudadanía en el ámbito socio-político, ha de sustentarse en la base del municipio, en cuanto entidad pública más cercana al ciudadano, para -a través de las entidades supramunicipales como las mancomunidades y comarcas, obtener una vertebración estable de la sociedad civil, siempre conectada y siempre dispuesta a ser colaboradora y crítica con la Administración Autonómica correspondiente. (Por cierto, el papel que han de jugar, o no, las Diputaciones Provinciales, podría ser objeto de discusión).

Una vez conseguida esta estructuración autonómica ciudadana, debe favorecerse el engarce de la estructura autonómica con el Estado. Ahí, tal vez, podría jugar un papel relevante el Senado, esa institución que no acaba de encontrar un lugar claro en el organigrama salido de la Constitución, a pesar de ser concebido como órgano de representación territorial. El establecimiento de los foros adecuados para la coordinación de los diferentes territorios -en cuanto espacios habitados por ciudadanos, con culturas e intereses propios y, muchas veces, enfrentados-, podría ser una de sus competencias más importantes.

(Fotografía: Official Press. Plantà al tomb de la falla municipal de València 2017)

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¿Dónde va #LaGente?

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Desde que navegamos a la deriva, con motivo de las tempestades desencadenadas por la crisis económica, todo el mundo se ampara en la sociedad civil, en la necesidad de que asuma un papel activo, para poder salir, lo más airosamente posible, del torbellino socioeconómico. Incluso, tenemos líderes políticos de nuevo cuño que se arrogan la representación de aquella -simplemente para justificar sus posicionamientos políticos-, a la que suelen denominar #LaGente.

De esta manera, la gente va, la gente viene, la gente quiere, e incluso, en boca de los gurús de la new age política (el novísimo partidismo), la gente ha llegado a decir que nuestros representantes políticos (votados por los ciudadanos en elecciones libres) “no nos representan“.

Pero, ¿qué coño es #LaGente, digo, la sociedad civil? Existen muchos llamamientos, proclamas y reclamaciones dirigidas a la sociedad civil, pero pocos son los autores de los mismos que realizan un mínimo esfuerzo por identificar a los integrantes de este fenómeno social que, en buena parte de las citas a él -más virtuales que reales-, es presentado como antagonista de la clase política, ya transformada en casta.

Podríamos definir la sociedad civil como “el conjunto de sectores organizados de determinada sociedad“. Por ello, también puede ser entendida como la parte visible de la sociedad, pues su estructura organizativa y la realización de actividades públicas dan a conocer estos sectores al resto de la sociedad y a los medios de comunicación, que pueden hacerse eco, a su vez, de sus actuaciones para transmitirlas a la opinión pública.

A menudo, la sociedad civil es entendida como el conjunto de movimientos sociales y asociaciones ciudadanas que poseen un mayor grado de conciencia ciudadana, lo que, a su vez, supone una tendencia hacia la participación política, incluso orientada a la lucha partidista. Sin embargo, no podemos dejar de lado todo el rico tejido social que constituye a esa ciudadanía organizada, aunque sus fines no se dirijan hacia la participación política, sino hacia acciones con un fuerte componente cultural e identitatario (en cuanto formación de la personalidad individual y colectiva).

Es evidente, que dentro de la sociedad civil coexistirán los antes mencionados movimientos y lobbys sociales -más reivindicativos en la conquista de intereses grupales, que se pretenden generales-, con los sectores sociales que colaboran a favor de la extensión del bienestar social, así como con los generadores de cultura e identidad personal y comunitaria. Y ello es importante a la hora de definir una estructura que sea capaz de organizar y movilizar a la sociedad civil en conjunto, al objeto de constituirse -de una manera consciente y equilibrada- como contrapeso a las inercias endogámicas de las organizaciones partidarias, e intermediaria entre los partidos políticos y los poderes públicos.

En cuanto a su composición social y metas a alcanzar, se propone la siguiente subdivisión como base para el debate:

1) Sectores con perfil identitario:

a) Asociaciones culturales y artísticas.
b) Asociaciones festivas.
c) Clubs deportivos.
d) Parroquias y grupos religiosos…

2) Sectores con perfil participativo:

a) Asociaciones de vecinos.
b) Organizaciones juveniles.
c) Asociaciones de personas mayores.
d) Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA).
e) Organizaciones de consumidores y usuarios.
f) Sindicatos.
g) Organizaciones empresariales.
h) Colegios profesionales.

i) Partidos políticos…

3) Sectores con perfil colaborativo:

a) Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
b) Organizaciones No Lucrativas (ONL)…

A los efectos de estructurar el sector de la ciudadanía organizada y en movimiento, hay que destacar la relevancia que ha de tener el nivel municipal (con sus Consejos de Participación Ciudadana y otros canales de fomento de la actividad sociocultural), básico para la identificación concreta de los agentes sociales con capacidad de participación ciudadana e interlocución directa ante la Administración Pública, así como para colaborar en la elaboración del tejido social de ámbito autonómico que, finalmente, ha de converger en las cúspides estatal y europea.

Cómo puede concretarse la estructura de la sociedad civil y el funcionamiento de sus órganos de coordinación, ha de ser objeto de análisis sociológicos y meta de los órganos donde reside la soberanía popular.

También las personas individuales y concretas amparadas bajo el manto conceptual de #LaGente, debería colaborar en la definición y el establecimiento de las formas adecuadas para estructurar la sociedad civil, en el camino de conseguir la mayor participación posible de los ciudadanos en los foros políticos, allí donde se decide sobre su bienestar.

(Fotografía: Sociedad civil en movimiento, por la calles de Valencia).