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Cuando #LaGente se mete en política

El Estado de las Autonomías es uno de los pilares en los que se sustenta el sistema constitucional español. Las autonomías fueron erigidas como reivindicación política de los derechos de las comunidades históricas, y en cuanto Administraciones Públicas más próximas al ciudadano, potenciadoras y coordinadoras de las Administraciones más cercanas, los municipios.

Como secuela de la profunda crisis económica, ha sido puesto en cuestión este Estado de las Autonomías, pues han salido a flote sus disfuncionalidades y algunas personas con mentalidad centralista han intentado imputarles los problemas del déficit y de la deuda públicos, aunque el ataque más fuerte contra ese Estado está protagonitado por el movimiento independentista catalàn.

Es cierto que el desarrollo del sistema autonómico ha generado una serie de sinergias negativas, como pueden ser la excesiva competitividad que se ha establecido entre las diferentes autonomías, a los efectos de acaparar competencias y recursos públicos, lo que ha llevado a un estado generalizado en el que imperan las reclamaciones por supuestos agravios comparativos que, en general, conducen al sentimiento del victimismo.

El transcurso del tiempo nos da una imagen del proceso autonómico según la cual, con la aprobación de la Constitución Española de 1978 y los Estatutos de Autonomía que le siguieron, se habría dado el pistoletazo de salida en la competición por equipos autonómicos, hacia la mayor acumulación posible de competencias y poder territorial, aunque fuera a costa de perder de vista la necesaria solidaridad entre los pueblos hispánicos, producto de los imprescindibles acuerdos y pactos entre los entes autonómicos y el Estado.

Así, hemos llegado a una situación en la que, a consecuencia de la crisis económica, conviven un sistema de financiación injusto y un (no) reparto de los recursos que pertenecen a todos (el agua, por ejemplo). En este sentido, es conveniente recordar cómo las asociaciones de regantes y usuarios, principales interesados en la buena gestión del agua, como bien común, llegaron a acuerdos para la concreción del Plan Hidrológico Nacional a través del trasvase de aguas del río Ebro. Acuerdos que fueron ignorados por el Gobierno de Zapatero a la hora de derogar los artículos de la Ley del PHN que contemplaban dicho trasvase.

Intereses partidistas y empoderamiento de determinados gobiernos autonómicos amigos, se impusieron al consenso y a la resolución de problemas estructurales graves de otras autonomías, consideradas como enemigas políticas (de diferente signo partidario) y, por lo tanto, víctimas propiciatorias de los pactos alcanzados entre los partidos que sustentaban al Gobierno de España y a las Comunidades Autónomas beneficiarias.

Aunque pueda parecer un contrasentido, es posible que la mayor facilidad para llegar a acuerdos en el seno de los diferentes sectores de la sociedad civil -en comparación con los partidos políticos-, se deba a que las organizaciones ciudadanas persiguen aquello que los autores de La urna rota califican como ‘intereses contrapuestos‘, con los que se pueden enhebrar transacciones y pactos, en lugar de la utópica persecución de un ‘interés general‘ en cuanto “ilusión metafísica en la que se refugia el legislador” que, a menudo, esconde meros intereses de partido. En determinados momentos es conveniente romper las amarras de los intereses partidistas, tejidos con la pulsión de conquista y mantenimiento del poder, así como para el establecimiento de alianzas con las fuerzas que les pueden ayudar en ese objetivo, a su vez enrocadas en sus propios intereses partidistas, por lo que resulta difícil salir de esa espiral que gira en torno al ombligo donde se miran los partidos.

Así, podemos afrontar los desequilibrios políticos y territoriales más allá del prisma político partidista -aunque sin voluntad de sustituirlo-, desde la perspectiva de la vertebración de la sociedad civil, a los efectos de darle la vuelta a la tortilla organizativa del Estado y conseguir un mejor ordenamiento jurídico y práctico en materia de régimen electoral, financiación, distribución de recursos públicos y transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública y de los partidos políticos, así como el fortalecimiento de esa sociedad civil que, a estas alturas de la corrida constitucional, aún no parece haber alcanzado la mayoría de edad para llegar a ser sujeto consciente y responsable, activo y determinante en la adopción del rumbo hacia el que debe dirigir sus pasos la sociedad española.

Es evidente que la sociedad civil se vertebra a través de vías organizativas y comunicacionales, tanto informales como formales. La omnipresencia de las redes sociales ha de facilitar la vertebración de la sociedad civil, sobre todo entre los sectores con perfiles semejantes [Vid. artículo ¿Dónde va #LaGente?] y dentro del ámbito más informal, sin descartar su utilización en las estructuras formales (estables).

Como antes hemos dicho, la vertebración para la participación de la ciudadanía en el ámbito socio-político, ha de sustentarse en la base del municipio, en cuanto entidad pública más cercana al ciudadano, para -a través de las entidades supramunicipales como las mancomunidades y comarcas, obtener una vertebración estable de la sociedad civil, siempre conectada y siempre dispuesta a ser colaboradora y crítica con la Administración Autonómica correspondiente. (Por cierto, el papel que han de jugar, o no, las Diputaciones Provinciales, podría ser objeto de discusión).

Una vez conseguida esta estructuración autonómica ciudadana, debe favorecerse el engarce de la estructura autonómica con el Estado. Ahí, tal vez, podría jugar un papel relevante el Senado, esa institución que no acaba de encontrar un lugar claro en el organigrama salido de la Constitución, a pesar de ser concebido como órgano de representación territorial. El establecimiento de los foros adecuados para la coordinación de los diferentes territorios -en cuanto espacios habitados por ciudadanos, con culturas e intereses propios y, muchas veces, enfrentados-, podría ser una de sus competencias más importantes.

(Fotografía: Official Press. Plantà al tomb de la falla municipal de València 2017)

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¿De qué habla #LaGente?

Si las entidades locales y autonómicas son los ámbitos naturales para el enraizamiento de las organizaciones de la sociedad civil, se tendrán que estudiar las posibles estructuras de nivel superior que sean aptas para articular y dar voz a esa ciudadanía, que se organiza en ámbitos donde cada vez se diluyen más las formas de participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos.

Antes de entrar en profundidad sobre la organización y los contenidos que afectan a las relaciones entre sociedad civil y clase política, sería conveniente poner sobre el tapete algunas consideraciones sobre los principios de actuación:

  • La ideología de cada cual no debería impedir la obtención de soluciones a los problemas que nos afectan, por lo que habría que erradicar del debate el sectarismo y la demagogia.
  • Dejar a un lado los corsés y servidumbres propios de la lucha partidista, al objeto de facilitar el establecimiento de consensos para la consecución de una sociedad más equilibrada y con mayores índices de calidad de vida.

Hasta llegar al ámbito autonómico, resulta más fácil el establecimiento de órganos de coordinación, más o menos permanentes, donde puedan estar representados los diferentes sectores que conforman la sociedad civil del ámbito correspondiente. Dada la importancia que la información y comunicación tienen en la sociedad actual, habrá de tener en cuenta, tanto los canales de comunicación informales (redes sociales, etc.), como los formales (circulares, comunicados, notas de prensa…), por lo que se hace imprescindible la asistencia profesional de periodistas y community managers que den forma y distribuyan la información que generan esas organizaciones sociales.

En el anterior artículo aposté por el papel determinante que puede jugar el Senado como sede del encuentro entre los órganos de representación política y la ciudadanía organizada. Desde ese cualificado foro podrían convocarse las Jornadas y Congresos en los que debatir las cuestiones que afectan a la calidad del sistema democrático.

¿Cuáles pueden ser las materias a tratar en los foros ciudadanos?

Cabría contestar: las cuestiones que preocupan al ciudadano en su vida diaria, así como en sus relaciones con la clase política, y las Administraciones Públicas. En concreto, podrían ser éstas (sin ánimo de exhaustividad):

  1. Sistema de solidaridad interclasista e interterritorial, que facilite una política distributiva justa y la extensión de los mayores niveles de calidad de vida entre los ciudadanos.
  2. Modelo de Administración Pública más profesionalizada, independiente de los partidos políticos, y en la que se reduzca considerablemente el sistema de libre designación como forma de cubrir los puestos de mayor responsabilidad, a favor de la potenciación de la carrera profesional de los funcionarios.
  3. Formas de incrementar la participación de la ciudadanía en la vida política:
  • Requisitos para la Iniciativa Legislativa Popular (ILP).
  • Sistemas de selección de los líderes políticos: ¿Listas abiertas en las candidaturas? ¿Primarias para la elección de los dirigentes de los partidos políticos?
  • Criterios para una financiación transparente de los partidos políticos, sindicatos, y demás organizaciones que reciban subvenciones públicas.
  • Reforma de la Ley Electoral al objeto de empoderar a la ciudadanía.

Hoy en día, se ha popularizado entre la opinión pública (y publicada) la necesidad de implantar sistemas de elección que se consideran más democráticos y abiertos a la participación ciudadana, como los sistemas de listas abiertas en las elecciones a órganos de representación y los procedimientos de primarias para elegir a los dirigentes de los partidos políticos. Coincido con algunos autores -principalmente, el colectivo Politikon de La urna rota– en que las listas abiertas y las primarias no son la panacea del sistema democrático.

El sistema de listas abiertas supone un incremento de la complejidad del sistema electoral, y beneficia, fundamentalmente, a los sectores sociales más activos en la vida política y, por lo tanto, con mayores índices de información sobre las personas que integran las listas de los partidos políticos.

Como ya se ha manifestado anteriormente, los procesos de primarias son ajenos, en principio, a nuestra cultura política (su buena aureola proviene del genuino sabor de la democracia estadounidense), y son los preferidos por los medios de comunicación que encuentran en ellos un filón de imágenes impactantes, de exaltación del personalismo, así como una explotación de las posibles pugnas que se pudieran establecer entre los distintos candidatos a ocupar los puestos directivos.

En buena parte, las primarias se construyen como campañas de marketing político y de obtención de fondos. También pueden ser el escenario apropiado para que los aparatos de los partidos, o determinadas corrientes dentro de los mismos, lleven a cabo tácticas de manipulación de los censos de electores, e incluso que otras fuerzas políticas puedan realizar el entrismo o provocar el boicot en algún partido en concreto, como fue el caso denunciado en las primarias celebradas en Izquierda Unida de Madrid. La grave crisis que atraviesa el PSOE también hunde sus raíces en la elección de sus secretarios generales y candidatos a la Presidencia del Gobierno a través del sistema de primarias.

Por ello, se plantea la posible reforma de la Ley Electoral, al objeto de que el número de elegidos vaya en consonancia con el número de electores, con topes máximos y mínimos. Esto daría un mayor poder a la opción de abstenerse en la votación, en cuanto supone dotar de mayor responsabilidad al ciudadano con derecho al voto, e indicaría el nivel de confianza de éste con la clase política en general. También determinaría el montante de dinero destinado a los partidos políticos que logren la representación.

El empoderamiento de la abstención, sería la pieza clave sobre la que fundar un nuevo status quo, en las relaciones entre ciudadanía y clase política, en tanto en cuanto puede representar el punto de equilibrio entre dos poderes:

  • El ostentado por los políticos, como representantes elegidos por los ciudadanos.
  • El de un pueblo organizado que ha obtenido la carta de mayoría de edad, mostrándose responsable de su actuación ante los procesos electorales y sus consecuencias posteriores.

De esta manera, los porcentajes de participación/abstención electoral nos darán una idea clara de la confianza que los ciudadanos depositan en sus políticos, lo cual les ha de motivar para buscar aquella, poniendo a su vez al servicio de los electores el poder que estos les han otorgado.

Se trata de poner en marcha un proceso de retroalimentación, del que han de salir cada vez más reforzados los principios democráticos de representatividad política y de participación ciudadana.

(Fotografía: Genuino sabor americano, obra del pintor valenciano Antonio de Felipe, de su exposición Graffiti Pop, Madrid, 2015)

¿Dónde va #LaGente?

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Desde que navegamos a la deriva, con motivo de las tempestades desencadenadas por la crisis económica, todo el mundo se ampara en la sociedad civil, en la necesidad de que asuma un papel activo, para poder salir, lo más airosamente posible, del torbellino socioeconómico. Incluso, tenemos líderes políticos de nuevo cuño que se arrogan la representación de aquella -simplemente para justificar sus posicionamientos políticos-, a la que suelen denominar #LaGente.

De esta manera, la gente va, la gente viene, la gente quiere, e incluso, en boca de los gurús de la new age política (el novísimo partidismo), la gente ha llegado a decir que nuestros representantes políticos (votados por los ciudadanos en elecciones libres) “no nos representan“.

Pero, ¿qué coño es #LaGente, digo, la sociedad civil? Existen muchos llamamientos, proclamas y reclamaciones dirigidas a la sociedad civil, pero pocos son los autores de los mismos que realizan un mínimo esfuerzo por identificar a los integrantes de este fenómeno social que, en buena parte de las citas a él -más virtuales que reales-, es presentado como antagonista de la clase política, ya transformada en casta.

Podríamos definir la sociedad civil como “el conjunto de sectores organizados de determinada sociedad“. Por ello, también puede ser entendida como la parte visible de la sociedad, pues su estructura organizativa y la realización de actividades públicas dan a conocer estos sectores al resto de la sociedad y a los medios de comunicación, que pueden hacerse eco, a su vez, de sus actuaciones para transmitirlas a la opinión pública.

A menudo, la sociedad civil es entendida como el conjunto de movimientos sociales y asociaciones ciudadanas que poseen un mayor grado de conciencia ciudadana, lo que, a su vez, supone una tendencia hacia la participación política, incluso orientada a la lucha partidista. Sin embargo, no podemos dejar de lado todo el rico tejido social que constituye a esa ciudadanía organizada, aunque sus fines no se dirijan hacia la participación política, sino hacia acciones con un fuerte componente cultural e identitatario (en cuanto formación de la personalidad individual y colectiva).

Es evidente, que dentro de la sociedad civil coexistirán los antes mencionados movimientos y lobbys sociales -más reivindicativos en la conquista de intereses grupales, que se pretenden generales-, con los sectores sociales que colaboran a favor de la extensión del bienestar social, así como con los generadores de cultura e identidad personal y comunitaria. Y ello es importante a la hora de definir una estructura que sea capaz de organizar y movilizar a la sociedad civil en conjunto, al objeto de constituirse -de una manera consciente y equilibrada- como contrapeso a las inercias endogámicas de las organizaciones partidarias, e intermediaria entre los partidos políticos y los poderes públicos.

En cuanto a su composición social y metas a alcanzar, se propone la siguiente subdivisión como base para el debate:

1) Sectores con perfil identitario:

a) Asociaciones culturales y artísticas.
b) Asociaciones festivas.
c) Clubs deportivos.
d) Parroquias y grupos religiosos…

2) Sectores con perfil participativo:

a) Asociaciones de vecinos.
b) Organizaciones juveniles.
c) Asociaciones de personas mayores.
d) Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA).
e) Organizaciones de consumidores y usuarios.
f) Sindicatos.
g) Organizaciones empresariales.
h) Colegios profesionales.

i) Partidos políticos…

3) Sectores con perfil colaborativo:

a) Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
b) Organizaciones No Lucrativas (ONL)…

A los efectos de estructurar el sector de la ciudadanía organizada y en movimiento, hay que destacar la relevancia que ha de tener el nivel municipal (con sus Consejos de Participación Ciudadana y otros canales de fomento de la actividad sociocultural), básico para la identificación concreta de los agentes sociales con capacidad de participación ciudadana e interlocución directa ante la Administración Pública, así como para colaborar en la elaboración del tejido social de ámbito autonómico que, finalmente, ha de converger en las cúspides estatal y europea.

Cómo puede concretarse la estructura de la sociedad civil y el funcionamiento de sus órganos de coordinación, ha de ser objeto de análisis sociológicos y meta de los órganos donde reside la soberanía popular.

También las personas individuales y concretas amparadas bajo el manto conceptual de #LaGente, debería colaborar en la definición y el establecimiento de las formas adecuadas para estructurar la sociedad civil, en el camino de conseguir la mayor participación posible de los ciudadanos en los foros políticos, allí donde se decide sobre su bienestar.

(Fotografía: Sociedad civil en movimiento, por la calles de Valencia).

 

¿Dónde está #LaGente?

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De un tiempo a esta parte, asistimos a la presión ejercida sobre la clase política, al objeto de que exista un mayor grado de transparencia en la gestión de los asuntos públicos. Esta demanda se pone en boca de ese concepto sociopolítico denominado #LaGente, y bebe del manantial de la corrupción que nace antes del comienzo de la crisis económica.

Aunque se quiere vender la burra de que es #LaGente (indignada) quien reclama esa transparencia por la pérdida de la confianza en #LaCasta, la presión fundamental en ese sentido es ejercida por los poderosos medios de comunicación que, a su vez, utilizan como portavoces suyos a los líderes de los más nuevos de los nuevos partidos, es decir, aquellos como Podemos (y Ciudadanos en menor medida) que han copado -y copan- los espacios televisivos de tertulias, aún desde la época en la que existían como extraparlamentarios en las instituciones españolas y europeas.

También es lógico que sean los medios de comunicación los más interesados en las políticas de transparencia, que tienen todos los incentivos del mundo para encontrar los escándalos más jugosos, que son los que más periódicos venden e incrementan las audiencias de radio y televisión. Además, cuentan con los instrumentos adecuados para “revisar y buscar errores y omisiones en presupuestos de miles de millones de euros con centenares de partidas… [Esto] requiere una cantidad de horas de trabajo extraordinaria, lo cual está al alcance de muy pocos” (PolitikonLa urna rota). Pero, para dichos autores “cualquier iniciativa en favor de la transparencia solo va a gozar de éxito si se cuenta con medios de comunicación independientes y fuertes para hacer uso de la información .

Y, precisamente, los grandes medios de comunicación españoles no pueden presumir de independencia, ya que o bien están alineados en favor del partido del Gobierno, o bien en favor de los partidos de la oposición, lo que se ha dado en llamar “pluralismo polarizado” y que, hasta hace poco, ha favorecido el mantenimiento del bipartidismo imperfecto, a la vez que ha favorecido la desactivación de las movilizaciones de la sociedad civil, ya que los ciudadanos han delegado sus inquietudes políticas en las líneas editoriales de los medios de comunicación afines ideológicamente, y con ello se dan por satisfechos. Excepción hecha de los sectores sociales más comprometidos que, por otra parte, se conforman con asistir a manifestaciones, protagonizar huelgas, y participar en las redes sociales. Con todo ello, la sociedad civil se encuentra desarticulada y se muestra pasiva. Para Politikon,

“Contamos con una ciudadanía en general poco articulada y asociada, capaz de movilizarse puntualmente, sobre todo de manera reactiva, pero poco orientada al compromiso y el trabajo organizado a medio y largo plazo sobre fines bien delimitados”.

Parece que a los ciudadanos de a pie les sobra con contemplar, cómodamente sentados en el sofá, los programas estilo Salvemos (Salvados) de luxe que se internan en nuestros hogares y extienden su influencia a las tertulias en el bar o en el centro de trabajo, con el objeto de poner a caldo a #LaCasta, haciéndose eco de las tropelías políticas denunciadas en los platós de televisión y, subsidiariamente, ante los tribunales de justicia.

Con estos mimbres no puede construirse un entramado ciudadano estable y potente, capaz de llegar a ser un interlocutor serio con la clase política y las omnipresentes y omnipotentes empresas de comunicación de masas, ya que los máximos esfuerzos de #LaGente se limitan a llevar a cabo acciones de carácter ocasional y reactivo, por lo que no pueden consolidarse estructuras políticas más participativas.

En consecuencia, no tenemos un tejido asociativo y de participación política fuerte, por lo que no existe una auténtica fiscalización vertical y las inquietudes en materia de transparencia se quedan en el morbo: sueldos de los cargos políticos, gastos más o menos justificados de las administraciones públicas, corruptelas… Como dicen los autores de La urna rota, “la apatía, la indignación ocasional y la negación sin matices de la política existente solo facilitan una política que ignore cada vez más a los ciudadanos”.

Dado el estado insatisfactorio de la cuestión, se impone como tarea fundamental para sociólogos, politólogos y demás gente de buen vivir, establecer los métodos que permitan conseguir la mayor vertebración posible de #LaSociedadCivil.

(Fotografía: El león Daoíz, guardián del Congreso de los Diputados, en la falla del Ayuntamiento de Valencia. Fuente La 1 de TVE)